The facts of the case are unclear as only the constitutional court decision is available, and it does not summarize the facts other than the fact that the defendant lured and threatened a child from his home in order to try to submit him for illegal adoption.
Los hechos del caso no están claros, ya que sólo la decisión del tribunal constitucional está disponible, y no un resumen de los hechos que no sean el hecho de que el acusado atrajo y amenazó a un niño de su hogar con el fin de tratar de someter a la adopción ilegal.
Guatemala1st Instance:
Seventh Judge of First Instance Court for Crimes, Drug Trafficking and Environmental Crimes, 23 January 2009, penal process C-1079-2008-5306, constituted as a constitutional court
2nd Instance:
Constitutional Court, 3 June 2009, decided that Art. 194 of the penal code was compatible with the constitution, rejecting the appellant’s constitutional claim.
1 ª Instancia:
Juez Séptimo de Primera Instancia Tribunal de Delitos, el narcotráfico y los delitos ambientales, 23 de enero de 2009, proceso penal C-1079-2008-5306, constituido como un tribunal constitucional.
2 ª instancia:
Tribunal Constitucional, 3 de junio de 2009, decidió que el art. 194 del Código Penal era compatible con la Constitución, rechazando la recurrente demanda de inconstitucionalidad.
The first instance court noted that the crime of trafficking in persons consists of three elements: 1) action, 2) means, and 3) finality. It is established that the defendant used force and coercion to take the child violently, threatening to murder the victim’s brother if the victim didn’t do what the defendant asked. The defendant also took out an identity card using false data (claiming she was the child’s mother) and made a false register of the child’s birth in order to initiate an adoption process. The defendant had alleged that her constitutional rights were infringed because Art. 17 of the Constitution states that actions or omissions that are not described as a crime under the law before such actions/omissions are perpetrated cannot be punished and that the official dictionary does not give a definition for “illegal adoption” so it is unclear what constitutes the crime. Therefore, the defendant argued, Art. 194 of the Penal Code (which establishes penalties for trafficking in persons, including illegal adoptions) is unconstitutional. The court rejected this argument, finding that Art. 194 of the penal code, in enumerating the prohibited conduct, is exhaustively established, so it is compatible with Art. 17 of the Constitution.
El tribunal de primera instancia señaló que el delito de la trata de personas consiste en tres elementos: 1) de acción, 2) los medios y finalidad 3). Se establece que el acusado utilizó la fuerza y la coacción para llevar al niño violentamente, amenazando con asesinar a hermano de la víctima si la víctima no hizo lo que el acusado le preguntó. El acusado también sacó un documento de identidad con datos falsos (alegando que ella era la madre del niño) e hizo un registro falso de nacimiento del niño a fin de iniciar un proceso de adopción. El acusado había alegado que sus derechos constitucionales fueron vulnerados por el art. 17 de la Constitución establece que las acciones u omisiones que no estén descritas como delito en la ley antes de este tipo de acciones / omisiones cometidos no pueden ser castigados y que el diccionario oficial no da una definición de "adopción ilegal", por lo que no está claro lo que constituye el crimen. Por lo tanto, el demandado argumentó, art. 194 del Código Penal (que establece penas para la trata de personas, incluyendo las adopciones ilegales) es inconstitucional. El tribunal rechazó este argumento, la búsqueda de que el art. 194 del Código Penal, en la enumeración de la conducta prohibida, se establece de forma exhaustiva, por lo que es compatible con el art. 17 de la Constitución.
Article 194 of penal code
2nd instance:
The Constitutional Court decided that Art. 194 of the penal code was compatible with the constitution, rejecting the appellant’s constitutional claim.
2 ª instancia:
El Tribunal Constitucional decidió que el art. 194 del Código Penal era compatible con la Constitución, rechazando la recurrente demanda de inconstitucionalidad.
Constitutional Court
This case was sent to White & Case LLP by Díaz-Durán & Asociados, Guatemala City.
Este caso fue enviado a White & Case LLP por Díaz-Durán & Asociados, Ciudad de Guatemala.
This case is significant because the constitutional court rules definitively that Art. 194 of the penal code, which outlaws trafficking, is consistent with Art. 17 of the Constitution.
As a general comment, the Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Organized Crime and the Protocols thereto state that where illegal adoption amounts to a practice similar to slavery (as defined in article 1, paragraph (d) of the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery), it will also fall within the scope of the Trafficking in Persons Protocol (p.347). This interpretative note suggests that the intention of the drafters was that illegal adoption without the purpose of exploitation of the child would not fall under the crime of trafficking in persons.
Este caso es importante porque el Tribunal Constitucional descarta definitivamente que el art. 194 del Código Penal, que prohíbe la trata de personas, está en consonancia con el art. 17 de la Constitución.
Como comentario general, los trabajos preparatorios de las negociaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos afirman que cuando la adopción ilegal equivaliera a una práctica análoga a la esclavitud, tal como se enuncia en el párrafo (d) del artículo 1 de la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud), correspondería también al ámbito de aplicación del Protocolo sobre la trata de personas (página 366). Esta nota interpretativa sugiere que la intención de los redactores era que la adopción ilegal sin fines de explotación de los niños no fuese considerada como un delito de trata de personas.