Desde el inicio del mandato del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Gobierno Federal ha impulsado una política orientada a recuperar los espacios de la vida nacional afectados por la delincuencia organizada. Bajo esta premisa, el Gobierno Federal ha desarrollado los planes y programas que rigen su acción de gobierno en esta materia.

El “Estado de Derecho y la Seguridad” constituye uno de los ejes de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y, su consolidación, la primera meta de la Visión México 2030. Bajo dicho eje, se ha puesto énfasis en la aplicación del principio de prevención, así como en la capacidad del gobierno para sancionar con objetividad e imparcialidad a quienes no respeten la ley, con el fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos.

A su vez, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Visión México 2030 derivan el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2007-2012 y la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Ambos instrumentos establecen líneas de acción específicas para asegurar, por una parte, que las tareas a cargo de las instituciones públicas se realicen con absoluto respeto a la ley, eficacia en su gestión y transparencia en la actuación y procedimientos, todo ello de manera obligatoria; y, por la otra, que exista una permanente rendición de cuentas que aliente la participación ciudadana y social; elementos que enriquecen el ejercicio de gobierno y dotan a las políticas públicas de certeza y confianza.

Con esa visión de Estado, plenamente incluyente y participativa, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, máximo órgano del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acordó, en su sesión del 21 de agosto de 2008, el cumplimiento de 75 acciones específicas para abatir la inseguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. Tales acciones quedaron contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008.

Dicho Acuerdo contempla los compromisos firmados por los titulares de los órganos Ejecutivos de las Entidades Federativas y miembros del Gobierno Federal que forman el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como los representantes de los Poderes de la Unión, del sector productivo nacional, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que participaron como invitados en la sesión del Consejo.

Uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo comprende la formulación y emisión de una estrategia nacional contra el lavado de dinero. Por su parte, los mecanismos de prevención y combate al financiamiento al terrorismo están íntimamente ligados con aquellos vinculados al lavado de dinero, por lo que resulta eficiente plantear una estrategia conjunta dirigida a erradicar ambos delitos.

De esta forma, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (la Estrategia) es una acción concreta del Estado para combatir la delincuencia organizada y otros fenómenos criminales, permitiendo así el desarrollo sostenido de las capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica. Bajo estas premisas, la Estrategia es también un instrumento clave del Estado mexicano que contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.