Cuando un Estado experimenta una intervención cibernética por parte de otro Estado, el primero puede considerar la posibilidad de adoptar alguna forma de acción contra el Estado infractor, siempre que esté de acuerdo con las leyes internacionales. La respuesta que se adopte dependerá del tipo de intervención cibernética que se experimente. El uso de apoderados cibernéticos por parte de los Gobiernos ha hecho que la lucha contra el ciberespionaje, la guerra de la información y la desinformación, así como la atribución de estos delitos a un Estado específico, sea particularmente difícil para las autoridades en todo el mundo. Las respuestas legales a las intervenciones cibernéticas han variado desde respuestas de la justicia penal hasta represalias. Además de las respuestas legales, se han promovido iniciativas de educación para contrarrestar la aceptación y la difusión de la desinformación, las noticias falsas y la malinformación.
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