Este módulo es un recurso para los catedráticos

Bajos niveles actuales de procesamientos y condenas

A pesar del importante papel desempeñado por los sistemas de justicia penal para prevenir y combatir la trata de personas, la comunidad mundial ha tenido poco éxito en reducir sustancialmente ese delito. A modo de ilustración:

• Solo una pequeña fracción del porcentaje de delincuentes es enjuiciada. El Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2016 de UNODC muestra que de 2012 a 2014, solo 6,800 tratantes fueron condenados en todo el mundo, y solo cuatro de cada diez países reportaron tener diez o más condenas al año, y casi el 15% no tiene ninguna condena. El Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Informe de 2018 sobre la Trata de Personas registra que durante el 2017, solo 17,880 delincuentes fueron procesados en todo el mundo y, de estos, solo 7,045 fueron condenados (en comparación con los 9,072 del año anterior). Aunque ninguna organización ha publicado una estimación de la cantidad de tratantes en operación, es razonable suponer que la mayoría no está detenida ni procesada.
• Varias organizaciones han recopilado datos sobre la trata de personas y fenómenos relacionados, como el trabajo forzado (véase, por ejemplo, el estudio de estimación de sistemas múltiples realizado para UNODC y Counter Trafficking Data Collaborative, una iniciativa de la OIM). Del análisis de dichos datos, parece que solo se identifica un pequeño porcentaje de víctimas. Por ejemplo, se estima que de 21 a 45 millones de personas se encuentran en situaciones de trabajo forzado. En este contexto, se identificaron 63,251 víctimas de trata en 103 países entre 2012 y 2015. Si bien se debe tener en cuenta que estas cifras no son directamente comparables, ya que no todas las víctimas de trabajo forzado han sido objeto de trata, esta discrepancia significativa, sin embargo, destaca los vacíos en la identificación.

De manera similar, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Informe de 2018 sobre la Trata de Personas encontró que solo 100,409 víctimas (aproximadamente el 0.5% del rango inferior estimado de 21 millones de personas en trabajo forzado) fueron identificadas por la comunidad contra la trata de personas durante 2017, no todas fueron liberadas o reintegradas exitosamente en sus comunidades. Muchos han estado o permanecen en riesgo de volver a ser objeto de trata. Otros continúan sufriendo traumas físicos, mentales y relacionales, dificultades económicas y vergüenza y discriminación de la comunidad debido a su terrible experiencia.

• Además, como lo señaló el Grupo de coordinación interagencial contra la trata de personas (ICAT) (2016, pág. 44-45), los procesos judiciales se dirigen de manera desproporcionada a los delincuentes de bajo nivel, la mayoría de los cuales son reemplazados fácilmente por los sindicatos del crimen. Los miembros principales de estos sindicatos permanecen en las sombras y operan con impunidad, y sus operaciones criminales continúan sin impedimentos por el arresto de miembros de sus rangos menores.

Reflejando estas circunstancias, y a pesar de los esfuerzos de los Estados para procesar a los tratantes, no es sorprendente que el delito de trata de personas esté aumentando. En el contexto de las fallas continuas para frenar significativamente la trata de personas, Harkins (2017) cuestiona algunas facetas de los enfoques actuales de la justicia penal y la evidencia en la que se basan. Señala que muchos Estados no recopilan datos suficientes para justificar la efectividad de las respuestas de la justicia penal, afirmando que "es sorprendente que se haya asignado tan poco dinero para probar el supuesto fundamental de que el enjuiciamiento exitoso de los delincuentes crea un elemento disuasorio eficaz contra la trata" (p. 4).

Durante la 72ª Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2017, 37 Estados Miembro y Observadores aprobaron un documento titulado Un llamamiento a la acción para poner fin al trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas. Se fijó una fecha límite de 2030 para hacerlo. Aunque es un objetivo loable, inevitablemente fracasará si el progreso hasta la fecha continúa en su trayectoria actual. Sin embargo, los Estados miembro emitieron una declaración política en la que reafirman su compromiso con la aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas. Entre otros asuntos, la declaración incluía, entre otras cosas, compromisos para:

• Tomar una acción concertada decisiva para poner fin a la trata;
• Abordar los factores sociales, económicos, culturales, políticos y de otro tipo que hacen a las personas vulnerables a la trata; e
• Intensificar sus esfuerzos para prevenir y atender la demanda que fomenta la trata.

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