La aplicación de las leyes, incluidos los delitos, relacionadas con el tráfico de vida silvestre, es en su mayor parte un asunto que compete a los organismos nacionales (Nurse, 2015). La respuesta de la justicia penal al tráfico de vida silvestre suele involucrar varios sectores, departamentos y entidades del Gobierno. Varias jurisdicciones dividen las responsabilidades para investigar el tráfico de vida silvestre entre múltiples organismos dependiendo de la etapa de la investigación o el tipo o la gravedad de los delitos (UNODC, 2018). En muchas jurisdicciones, las responsabilidades en relación con la lucha y la prevención del tráfico de vida silvestre se reparten entre múltiples organizaciones o instituciones, lo que hace que la coordinación y cooperación nacional sean particularmente importantes. Además, se deben asignar y definir con claridad las responsabilidades y facultades para dar certeza de «quién es quién» y «quién hace qué» en esta área. (UNODC, 2012; UNODC, 2018). Los actores y organismos que generalmente participan en la respuesta de la justicia penal al tráfico de vida silvestre son los siguientes:
Los departamentos especializados del Gobierno, como los ministerios de silvicultura, agricultura, recursos naturales o medio ambiente, generalmente tienen diferentes funciones y responsabilidades particulares que abordan ciertos aspectos relacionados con el tráfico de vida silvestre. Los respectivos funcionarios, como los guardabosques, los inspectores forestales, los funcionarios de vida silvestre, los inspectores de pesca, los inspectores del medio ambiente y los funcionarios de cuarentena participan en la detección e identificación de los delitos relacionados con la vida silvestre (Nurse, 2015; UNODC, 2018; Wyatt, 2013). Las obligaciones de estos organismos y las facultades de tales funcionarios suelen estar (y deben estar) especificados en las leyes nacionales.Esto incluye las facultades para realizar investigaciones, recolectar e incautar pruebas, interrogar a los sospechosos, preparar expedientes, etcétera (UNODC, 2018).
Debido a la falta de autoridades especializadas, la policía es responsable de la investigación del tráfico de vida silvestre (Runhovde, 2016; Nurse, 2015; Tomkins, 2005; UNODC, 2018). También se puede recurrir a la policía para que tome medidas de investigación especializadas o ejerza funciones avanzadas que están fuera de las obligaciones de los funcionarios u otros organismos que están a cargo de la vida silvestre (UNODC, 2018). Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden incluir personal de la policía nacional, regional o local y las unidades policiales especializadas encargadas del tráfico de vida silvestre, el delito económico y financiero, la escena del delito y las investigaciones forenses, las telecomunicaciones, las operaciones encubiertas, etcétera (UNODC, 2018; UNODC, 2012).
En muchas jurisdicciones, el rol de las aduanas pasó de tener las típicas responsabilidades de recaudación de ingresos a tener un rol cada vez más importante en la detección e investigación del delito contra la vida silvestre y los bosques (Wyatt, 2013; consulte también, Polner, 2015). Las agencias de aduanas pueden entrar en contacto con el tráfico de vida silvestre en los puertos, aeropuertos y fronteras terrestres. Generalmente están encargados de detectar e identificar el tráfico de vida silvestre en estas locaciones mediante las leyes aduaneras o una legislación similar (UNODC, 2018; también consulte, de Klemm, 1993). Asimismo, los funcionarios aduaneros suelen cumplir un rol importante en las investigaciones especiales, como las que involucran las entregas vigiladas (UNODC, 2018). Por lo tanto, los funcionarios correspondientes deben ser capacitados y deben contar con las facultades pertinentes para realizar investigaciones, preparar expedientes y recolectar e incautar pruebas. Algunos países tienen unidades de aduanas especializadas para detectar el tráfico de vida silvestre (UNODC, 2018; consulte también, Wyatt, 2013). No obstante, la detección del tráfico de vida silvestre no suele ser la prioridad principal para los funcionarios aduaneros en comparación con otros tipos de delitos como el tráfico de drogas o armas de fuego.
Al igual que las aduanas, la guardia costera civil, en los lugares que existe, puede entrar en contacto con los casos de tráfico de vida silvestre y, en algunas jurisdicciones, tienen la obligación de investigar dichos casos e interrogar a los sospechosos (UNODC, 2012).
Los fiscales y, en algunas jurisdicciones, los jueces supervisan los aspectos de la investigación del tráfico de vida silvestre y participan en la solicitud y emisión de órdenes judiciales y la autorización del uso de ciertas técnicas de investigación especiales (UNODC, 2018). Según sea la tradición jurídica del país, los fiscales y jueces deben tener amplios criterios al tratar un caso de tráfico de vida silvestre. La sentencia cumple un papel decisivo en la percepción del público con respecto a la gravedad del delito.
Según la jurisdicción, otros organismos gubernamentales, como las fuerzas armadas, pueden ejercer funciones en los casos de tráfico de vida silvestre. El rol y las obligaciones específicas de dichos organismos y su personal en la investigación del tráfico de vida silvestre dependerá de las leyes nacionales y las disposiciones administrativas. Otros organismos especializados como las unidades de investigación financiera, las comisiones de lucha contra la corrupción y las autoridades fiscales también pueden cumplir un rol en este contexto (UNODC, 2018).
En algunas jurisdicciones, las organizaciones del sector privado ejercen funciones que se relacionan directa o indirectamente con la aplicación de la ley contra el tráfico de vida silvestre (Nurse, 2013). Esto también puede involucrar a las compañías privadas y personas que brindan seguridad en los parques nacionales u otros lugares designados (Nurse, 2015; Nurse, 2013; DLA Piper, 2014; UNODC, 2012). Cada vez más, los organismos nacionales están abiertos a cooperar con el sector privado y la sociedad civil (Nurse, 2013; Polner, 2015; consulte también Khooshie Lal Panjabi, 2014).
La policía local que vive en áreas protegidas o cerca de ellas o en parques nacionales o reservas naturales donde la vida silvestre puede ser objeto de la caza furtiva o donde se da la tala ilegal, cumple un rol importante en la detección y en la lucha contra el tráfico de vida silvestre.
La participación de las comunidades locales y la sociedad civil es una parte vital de cualquier estrategia para detectar y prevenir el tráfico de vida silvestre y se reconoce cada vez más en las políticas nacionales y estrategias internacionales. Las medidas prácticas en las que participa la sociedad civil, en especial las comunidades rurales, incluyen la preservación comunitaria, las unidades de lucha contra la caza furtiva gestionadas por la comunidad y otras formas de vigilancia comunitaria (Hübschle y Shearing, 2018; Ratsimbazafy et al, 2018). Otras estrategias buscan crear comunidades que sean resistentes a la caza furtiva y al tráfico de vida silvestre, que creen incentivos para denunciar y prevenir esos delitos y que mejoren los medios de subsistencia rural y reduzcan la demanda del contrabando de vida silvestre en áreas rurales y urbanas (Hübschle y Shearing, 2018; Bukhi Mabele, 2017).
Al igual que sus familiares africanos, los rinocerontes asiáticos han sido blanco de los cazadores furtivos. La mayor parte de los rinocerontes de Nepal viven en el Parque Nacional de Royal Chitwan. En la década de 1990, las autoridades de conservación de Nepal contactaron a las comunidades locales para que participen de manera activa en la protección de rinocerontes y áreas de conservación. El Reglamento de Gestión de Zonas de Amortiguamiento de 1996 de Nepal otorgó a las comunidades locales el derecho de gestionar y usar los recursos naturales dentro de dichas áreas. Un comité de gestión compuesto por representantes electos de la comunidad toma decisiones sobre las actividades para el desarrollo que se implementas en estas zonas. Las autoridades de los parques comparten aproximadamente la tercera parte de las ganancias del parque con las comunidades que viven cerca de las áreas protegidas. Con el paso de los años, estas iniciativas han tenido un verdadero impacto y han hecho que la población local invierta en la gestión y el cuidado de las áreas protegidas y principalmente han hecho una contribución sustancial a la protección de la población de rinocerontes.
La Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales (CBNRM) es un proceso riguroso de reforma institucional que combina la devolución y delimitación de los derechos de propiedad con la acción colectiva en comunidades rurales para mejorar el valor y la sostenibilidad de los recursos silvestres. Desde 2000, el programa nacional de CBNRM en Namibia ha sido pionero en la región al transferir los derechos de uso de la vida silvestre y todos los beneficios a las comunidades autodefinidas. Este estableció las conservaciones comunitarias y obvió al Gobierno local para evitar que los consejos municipales adquieran una parte desproporcionada de las ganancias de la vida silvestre. El programa está bien organizado y ha dado lugar a un rápido aumento de las conversaciones registradas y emergentes. Otro beneficio ha sido la recuperación de las poblaciones de vida silvestre y las especies en peligro. El crecimiento rápido del concepto ha requerido un nuevo sistema de gobernanza que se base en la rendición de cuentas desde las planas operativas y niveles altos de participación local.
Se han establecido varias iniciativas regionales especializadas para abordar aspectos concretos del tráfico de vida silvestre o centrarse en algunas áreas geográficas en particular.
Por ejemplo, los procesos de la Aplicación de las leyes y gobernanza sobre los bosques (FLEG) son iniciativas regionales que coordina el Banco Mundial y se organizan en colaboración con los Gobiernos de los países consumidores. Hasta la fecha, se han establecido los procesos de la FLEG para África, Asia del Norte, Asia Sudoriental, Europa y Latino América (Strydom, 2016; UNODC, 2012). Los objetivos de los procesos de la FLEG son mejorar la gobernanza en el sector forestal y promover el diálogo y cooperación internacional para luchar contra la tala y el comercio ilegal mejorando los vínculos y coordinando las regulaciones (UNODC, 2012).
Se han establecido Redes de Aplicación de la Legislación sobre Vida Silvestre (WEN) a nivel regional para facilitar la cooperación transfronteriza entre organismos que participan en la prevención y represión del tráfico de vida silvestre. En estas redes participan el Grupo de América del Norte para la Aplicación de la Legislación sobre Vida Silvestre (NAWEG), el Grupo de la UE para la observancia del comercio de especies silvestres (creado en virtud del Reglamento (CE) n° 338/97 del 9 de diciembre de 1996 sobre la protección de especies de fauna y flora silvestres mediante la regulación de su comercio, el OJ L 61, 3 de marzo de 1997) y la Red para la Aplicación de la Legislación sobre Vida Silvestre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN-WEN) (Strydom, 2016; UNODC, 2012; consulte también, Wyatt, 2013), la que se unió con el grupo de trabajo de la ASEAN sobre el cumplimiento de la CITES para formar el grupo de trabajo de la ASEAN sobre el cumplimiento de la CITES y la Aplicación de la Legislación sobre Vida Silvestre (AWG CITES y WE). Del mismo modo, se ha establecido una comisión especial por medio del Acuerdo de Lusaka sobre operaciones conjuntas de represión del comercio ilícito de fauna y flora silvestres para facilitar las actividades corporativas entre los organismos nacionales y llevar a cabo las investigaciones sobre el tráfico de vida silvestre. La comisión especial incluye la aplicación de la ley por parte de los Estados parte y del personal de apoyo reclutado a nivel local.
El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) está conformado por la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). El Consorcio se estableció para apoyar a los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley para proteger la vida silvestre y promover una respuesta coordinada que aplique la ley para los delitos ambientales y para asegurar que se identifique a los grupos delictivos organizados transnacionales y se afecten sus actividades (UNODC, 2012; Scanlon y Farroway, 2016). El ICCWC organiza reuniones mundiales de las redes para la aplicación de la legislación sobre vida silvestre para promover el intercambio de información sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre el establecimiento y funcionamiento de las redes para la aplicación de la legislación sobre vida silvestre (ICCWC, 2016; consulte también Wyatt, 2013).
Regional perspective: Eastern and Southern AfricaExample: Horn of Africa Wildlife Law Enforcement Network (HAWEN)In 2011, the countries of the Horn of Africa agreed to join forces in their fight against wildlife trafficking. In October 2012, the Horn of Africa Wildlife Enforcement Network (HAWEN) was initiated in Addis Ababa. HAWEN facilitates information sharing and intelligence gathering, as well as law enforcement monitoring. Furthermore, it provides a platform for joint capacity development, evidence handling and legal prosecution of wildlife crime cases. Additionally, collaborating with other WENs is a key activity of HAWEN. The countries committed to HAWEN are: Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda. (CITES, undated). |
Regional perspective: Eastern and Southern AfricaExample: Regional police cooperationSouthern Africa has established regional police cooperation in order to address regional and transnational organized crime: The Southern Africa Regional Police Chiefs Coordination Organisation (SARPCCO). SARPCCO was founded in 1995 and includes members from 16 States. Guiding principles of SARPCCO include, among others, the spirit of mutual cooperation, equality of all Member States, mutual benefit to all Member States, and observance of all human rights. Throughout the years, SARPCCO has been promoting cooperation and joint strategies among the Member States. Furthermore, the organization facilitated management strategies and developed training modules for law enforcement personnel. It also provides policing recommendations to Member States. Similarly, Eastern Africa established the Eastern Africa Police Chiefs Cooperation Organisation (EAPCCO). INTERPOL partners with both organizations to support Member States addressing cross-border organized crime. (Southern Africa Regional Police Chiefs Coordination Organisation, 2019). |
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