Teniendo en cuenta los desafíos asociados con la investigación y el procesamiento de tratantes y el conocimiento de las obligaciones de respetar los derechos de las víctimas, existe una necesidad urgente de desarrollar e implementar marcos legales sólidos y estrategias, políticas y prácticas de justicia penal, incluida la provisión de la capacitación y los recursos necesarios, adaptada para hacer frente a tales desafíos. Dichas medidas han demostrado mejorar la identificación de las víctimas y la efectividad de las respuestas de la justicia penal, como se muestra en Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2018 UNODC:
Gallagher y Holmes (2008) identifican ocho aspectos esenciales de una respuesta efectiva de la justicia penal a la trata, que incluyen:
Cada uno de estos elementos se examina a detalle en el artículo citado anteriormente. Esta sección se centra en tres estrategias: iniciativas eficaces de investigación y enjuiciamiento, reforma de la ley y colaboración transfronteriza entre los Estados.
Si la comunidad mundial va a cambiar el rumbo contra los tratantes, debe aumentar significativamente sus esfuerzos y examinar la efectividad de muchas estrategias existentes contra la trata. En particular, es necesario establecer respuestas policiales transfronterizas sofisticadas y con recursos suficientes para combatir la trata. Esto llevará tiempo y requerirá de la cooperación de la comunidad global. También se necesitará tiempo para fomentar un mejor entendimiento entre los agentes de la ley y el poder judicial de las complejas circunstancias y los desafíos probatorios de muchos casos de trata de personas. Al mismo tiempo, existe la necesidad de aumentar la capacidad de los actores nacionales de justicia penal (incluidos la policía, inmigración, agencias contra el blanqueo de dinero, fiscales y jueces) para investigar y procesar a los tratantes y confiscar el producto de sus delitos.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales deben recibir capacitación basada en habilidades y contar con los fondos, recursos y equipos necesarios para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva. En línea con Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, esto debe incluir:
David (2010) enfatiza la importancia de financiar y capacitar adecuadamente a los actores de la aplicación de la ley, argumentando que, entre otras cosas, la capacitación adecuada requiere "concienciar a las autoridades policiales superiores sobre la trata de personas, como un problema y como un tipo de delito en la comunidad local. Para lograr el máximo impacto, es probable que esta capacitación deba incluir la presentación de estudios de casos reales, ya sea desde dentro del área local o desde áreas con características similares a las del área local”.
Si bien el número reportado de procesos judiciales exitosos es bajo, incluso estas cifras pueden exagerar los logros del sector contra la trata. La información disponible sugiere que la mayoría de los casos involucran la convicción de solo uno o dos individuos, la mayoría de los cuales son actores de bajo nivel dentro de organizaciones de trata de personas que son reemplazados fácilmente. Las cifras oficiales también pueden subestimar los procesos exitosos de los tratantes. Cuando los Estados no cuentan con una legislación específica sobre la trata, es posible que los tratantes sean condenados y castigados sin el uso de leyes acordes con el Protocolo contra la trata de personas. Por supuesto, tales leyes pueden omitir ciertos elementos del delito de trata según el Protocolo, o de otra forma incluir elementos no contemplados, o estipular castigos insuficientes para encarar la gravedad del delito.
En última instancia, la trata de personas es un negocio y, como todas las empresas, opera en función de las pérdidas y ganancias. Una respuesta de la justicia penal debe eliminar estos beneficios y aumentar el riesgo de aprehensión. Para lograr esto, las agencias policiales y los fiscales deben esforzarse por procesar y castigar a los delincuentes "mayores" dentro de los sindicatos criminales transnacionales. Además, y en reconocimiento de que la trata prospera en ciertas situaciones, las estrategias de prevención del delito también deben centrarse en abordar las condiciones estructurales que aumentan los riesgos de la trata. Esto incluye, entre otras cosas, mejorar las condiciones socioeconómicas en las comunidades, proteger a las personas en circunstancias de conflicto y posteriores a conflictos, y adoptar procedimientos de protección infantil para apartar a los niños en riesgo.
Los enfoques de investigación y enjuiciamiento también deben considerar la necesidad de diferentes estrategias para diferentes tipos de delincuentes. Por ejemplo, deberían incorporarse los aspectos de género del delito y debería haber un mayor enfoque en la comprensión de las vías hacia el delito penal. Como sostiene Broad (2015, p. 1073), “[un] enfoque más receptivo de la trata tomaría en serio las historias previas de los delincuentes que cometen estos delitos, teniendo en cuenta sus viajes de migración, la naturaleza de sus relaciones íntimas y sus múltiples experiencias de explotación”.
La comunidad internacional debe seguir alentando a los países a ratificar / adherirse al Protocolo contra la trata de personas y promulgar la legislación nacional que la tipifique como delito. A partir de enero de 2019, 173 Estados son parte del Protocolo. Además, cada Estado debe revisar y, según sea necesario, reformar las leyes existentes para habilitar a los organismos de aplicación de la ley, los fiscales y los jueces y eliminar los obstáculos para la investigación y el procesamiento oportuno y efectivo de los presuntos tratantes. En particular, esto debería:
La naturaleza transnacional de la trata de personas crea desafíos para la detección de delitos, la identificación de miembros de organizaciones delictivas, la recopilación y recolección de pruebas y la detención y extradición de delincuentes. Estos desafíos, si no se abordan, amenazan con socavar la impartición de justicia y el estado de derecho en muchos países. Como se señaló anteriormente, la cooperación internacional es fundamental para el éxito de las investigaciones y procesamientos.
El artículo 18(3) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece que los Estados parte se prestarán mutuamente, y tanto como sea posible, asistencia judicial recíproca en investigaciones, procesos y procedimientos judiciales relacionados con los delitos contemplados en la Convención (véase también el Módulo 11 sobre Cooperación Internacional en la Serie Universitaria sobre Delincuencia Organizada (1689). Se puede solicitar asistencia recíproca para:
La cooperación internacional requiere un compromiso entre los Estados y sus agencias, lo que puede ser un desafío. Sin embargo, como muestran los ejemplos siguientes, esto puede llevar a resultados prometedores.
En 2006, las policías polaca e italiana desmantelaron una red de tratantes que tenía el fin de realizar trabajos forzados desde Polonia a Italia. Se cree que alrededor de 600 hombres fueron reclutados por medio de anuncios en periódicos e Internet y fueron forzados a contraer "deudas" a través de los costos de transporte y alojamiento. Los hombres fueron mantenidos en cuarteles y vigilados por guardias armados, obligados a trabajar hasta 15 horas al día por aproximadamente 1 euro por hora, a pesar de que se les ofreció entre 5 y 6 euros por hora. Las policías italiana y polaca llevaron a cabo una investigación paralela, con la asistencia de la INTERPOL y Europol. La operación fue coordinada por una unidad especial de la gendarmería italiana ubicada en Roma y por la Unidad Central para la Lucha contra el Comercio de Seres Humanos, ubicada en la Sede de la Policía Nacional en Varsovia. La INTERPOL y Europol colaboraron en el intercambio de información. La operación, titulada "Terra Promessa" se llevó a cabo en el lugar de destino en Italia y en las regiones de origen en Polonia. Se hicieron arrestos de personas involucradas en la red de trata (por el comercio de seres humanos, la privación de la libertad, el uso de la fuerza física y las amenazas) tanto en Italia como en Polonia. La policía de ambos países también trabajó en conjunto en la recopilación de información y evidencia con miras al arresto final de los tratantes y la liberación de las víctimas de la trata.
El sistema europeo de archivo de imágenes denominado "Documentos falsos y auténticos" (FADO, por sus siglas en inglés) hace posible la verificación rápida de documentos y la notificación rápida y completa de las autoridades policiales o de inmigración pertinentes en otros Estados participantes cuando se detecta un uso incorrecto de un documento o un documento fraudulento.
Además de las organizaciones del Estado encargadas de hacer cumplir la ley, existen diversas organizaciones internacionales con el mandato de facilitar la cooperación policial y judicial internacional, como INTERPOL, Europol, Afripol y Eurojust (véase también el Módulo 3). Estas entidades regionales están autorizadas para celebrar acuerdos de cooperación con países individuales siempre que estos últimos cumplan con las mismas normas de protección, especialmente para la seguridad en el procesamiento de datos y la protección de datos personales.
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