Entre las soluciones propuestas a los delitos contra la propiedad intelectual propiciados por medios cibernéticos figuran los esfuerzos de la justicia penal, las soluciones técnicas para limitar el acceso no autorizado a la propiedad intelectual y las campañas de educación. Los esfuerzos de prevención de la justicia penal incluyen la supervisión de los sitios en línea que comparten material con derechos de autor; investigaciones encubiertas dirigidas a quienes participan en diversas formas de delitos contra la propiedad intelectual que son posibles a través de la cibernética (p. ej., la Operación Fastlink, en la que participaron varios organismos estadounidenses realizando múltiples operaciones encubiertas simultáneamente para identificar y, en última instancia, detener a los responsables de la distribución ilegal en línea de material con derechos de autor, como juegos, programas informáticos, música y películas; Departamento de Justicia, 2004); la eliminación de sitios que se sabe que distribuyen propiedad intelectual (p. Ej., Megaupload) y el enjuiciamiento de quienes participan en delitos contra la propiedad intelectual por medios cibernéticos (p. ej., personas y los administradores de plataformas en línea que contienen material con derechos de autor). Además, las empresas que han sufrido delitos contra la propiedad intelectual por medios cibernéticos, como Canada Goose y Chanel, han demandado a los mercados en línea por violación de marcas, puesto que vendieron versiones falsificadas de sus productos (WIPO, 2018; TBO, 2018).
Se han identificado públicamente sitios web que albergan propiedad intelectual robada en diferentes países (p. ej., en el Reino Unido y Malasia) e incluido en la Lista de Sitios Web Infractores (IWL) (Muhamading, 2017). La IWL, que forma parte del programa Operation Creative de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía del Reino Unido (PIPCU), identifica los sitios web que cometen piratería y trata de eliminar el acceso de estos a los ingresos económicos por publicidad o reducirlo drásticamente informando a las asociaciones y empresas de publicidad que sus anuncios se alojan en sitios ilegales y educando a estas asociaciones y empresas sobre cómo esto puede dañar su marca (Policía de la Ciudad de Londres, 2016).
También se promueven las sanciones penales como una forma de transmitir el mensaje de que las violaciones a la propiedad intelectual son graves y están castigadas por leyes vigentes. Las sanciones para los delitos contra la propiedad intelectual propiciados por medios cibernéticos se imponen con fines disuasorios. Para que la disuasión funcione, las sanciones deben ser severas (es decir, la sanción debe ser mayor que los beneficios del delito); certeras (es decir, la persona que comete el delito debe ser castigada por el delito) y rápidas (es decir, la persona debe ser castigada poco después de cometer el delito) (Maras, 2016). Las sanciones penales en materia de propiedad intelectual se orientan hacia una disuasión específica (es decir, la persona sancionada dejará de cometer nuevos actos ilícitos si el castigo que recibe supera los beneficios obtenidos por la comisión del delito) y hacia una disuasión general (es decir, se envía a otros el mensaje de que un comportamiento similar recibirá un castigo severo similar). Sin embargo, la naturaleza actual de internet limita gravemente la viabilidad de la disuasión, ya que el volumen y la frecuencia de la piratería superan con creces cualquier medida reaccionaria (Dolliver y Love, 2015).
Además de las medidas dirigidas a los autores de delitos contra la propiedad intelectual propiciados por medios cibernéticos, los Gobiernos han aplicado medidas para censurar socialmente a los países que no protegen la propiedad intelectual como lo exigen las leyes internacionales, regionales y nacionales. Por ejemplo, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, que supervisa e informa sobre la protección de la propiedad intelectual de los Estados Unidos en todo el mundo, presenta un informe anual en el que «hace un llamado a los países extranjeros y expone las leyes, políticas y prácticas que no proporcionan una protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual y la aplicación de la ley en los Estados Unidos en favor de los inventores, creadores, marcas, fabricantes y proveedores de servicios de los Estados Unidos...[, e] identifica a los socios comerciales extranjeros en los que la protección y la observancia de la propiedad intelectual se ha deteriorado o se ha mantenido en niveles inadecuados y en los que las personas de Estados Unidos que dependen de la protección de la propiedad intelectual tienen dificultades para acceder a un mercado justo y equitativo» (Representante Comercial de los Estados Unidos, 2018, pág. 5).
También se han aplicado soluciones tecnológicas para combatir el robo de propiedad intelectual, como la transferencia encriptada de propiedad intelectual y el uso de códigos o contraseñas especiales para permitir el acceso a esta. Una de estas soluciones tecnológicas es la tecnología de marca de agua digital (es decir, un código de identificación incorporado que incluye información sobre los derechos de autor) (Chaudhry et al., 2011). También se ha propuesto la cadena de bloques (es decir, operaciones fiables y auténticas garantizadas por medio de la criptografía) como solución tecnológica a los delitos contra la propiedad intelectual, en particular su utilización como registro seguro de la propiedad intelectual (Clark, 2018).
También se han aplicado medidas de seguridad cibernética para proteger los datos y los sistemas en los que se almacena y transmite ese contenido. Además, se han aplicado medidas técnicas para impedir el acceso y el uso no autorizados de la propiedad intelectual. Ejemplos de este tipo de medidas son las técnicas de bloqueo y filtrado (analizadas en Delito Cibernético Módule 3 Marcos Jurídicos y Derechos Humanos).
El bloqueo o filtrado arbitrario de contenidos está prohibido en virtud de las normas internacionales de derechos humanos (para más información, consulte Delitos Cibernéticos-Módulo 3: Marcos Jurídicos y Derechos Humanos).
Con respecto a las campañas de educación, la OMPI lleva a cabo diversas actividades anuales para sensibilizar a los países, organizaciones, empresas y consumidores sobre la protección de la propiedad intelectual y las repercusiones del robo de propiedad intelectual. Los objetivos de esta y otras campañas de educación son concientizar sobre el robo de este tipo de propiedad y la necesidad de protegerla y fomentar el respeto por ella mediante el cambio de creencias y actitudes existentes sobre la propiedad intelectual. Estas iniciativas se centran en los niños y los adultos. Por ejemplo, una campaña educativa de la OMPI para niños, Respeto de la Propiedad Intelectual, proporciona información para concientizar sobre la propiedad intelectual e incluye recursos y ejercicios interactivos y medios de comunicación para niños, así como para profesores que se interesan por el tema, quieren o están enseñando dicho tema o quieren aprender más sobre él. La OMPI también brinda enlaces a vídeos animados en los que se les explica a los niños sobre los derechos de autor, las marcas y las patentes. También se han llevado a cabo campañas nacionales de educación sobre la propiedad intelectual. Por ejemplo, la Asociación de Comercio Internacional (INTA) y la Célula de Promoción y Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual (CIPAM) lanzaron una campaña de educación sobre los derechos de propiedad intelectual en las escuelas de la India en el 2017, que incluía una presentación y juegos interactivos (INTA, 2017). Además, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido brinda información de libre acceso sobre recursos educativos, lecciones, medios de comunicación y ejercicios interactivos para concientizar a los estudiantes en distintos niveles de educación sobre la propiedad intelectual, su importancia y los derechos que existen respecto a esta (consulte, p.ej., Cracking Ideas).
Las campañas de educación relacionadas con las obras protegidas por el derecho de autor se han centrado sobre todo en las repercusiones negativas de la violación del derecho de autor en la economía y los empleos de la industria cinematográfica, editorial, musical y de programas informáticos. Asimismo, las campañas de educación relacionadas con las marcas se han centrado en el daño causado por los productos falsificados. Un ejemplo de ello es la campaña UNODC «Falsificación: no le compres a la delincuencia organizada», creada para sensibilizar a los consumidores sobre la falsificación de marcas y su impacto negativo a nivel personal, social y medioambiental (UNODC, 2014b).
UNODC, Public Service Announcement: “Mira más allá.”.
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