Este módulo examina los vínculos entre género y migración como un medio para comprender mejor la asociación entre género y trata de personas (TIP) y tráfico ilícito de migrantes (SOM). Si bien esta sección del Módulo analiza las interconexiones entre la migración y, en su mayoría, la migración irregular, esto no implica que la migración esté fundamentalmente vinculada con la irregularidad, el tráfico ilícito y la trata. No toda la migración irregular incluye el uso de los servicios de traficantes ni implica trata.
Las desigualdades económicas, sociales, políticas y de género forman parte de las causas fundamentales de la trata y, a menudo, también motivan la migración. La globalización ha aumentado la desigualdad en todo el mundo y las políticas migratorias restrictivas disminuyen los caminos para la migración legal y, en consecuencia, impiden que las personas se muevan fácilmente en busca de mejores oportunidades de trabajo y/o estabilidad política. A su vez, la migración irregular se convierte en una vía clave para migrar, con todos los riesgos que pueda implicar para los migrantes.
La gente migrará en busca de mejores oportunidades de empleo, para mejorar sus vidas, para huir de la inestabilidad y la agitación política, los conflictos armados, las crisis, los desastres ambientales y los impactos del cambio climático, la violencia local (amenazas de bandas criminales) y para escapar de las amenazas de reclutamiento de grupos criminales locales, o situaciones intrafamiliares y personales, como la violencia doméstica. Las diferentes formas de violencia contra la mujer también pueden empujar a las mujeres y las niñas a escapar y migrar. Como queda bien establecido en los estudios de migración, las motivaciones para migrar pueden ser múltiples y se superponen, la situación de las personas puede cambiar durante el viaje y al llegar a los países de destino. Diferentes marcos legales se pueden aplicar a las mismas personas en diferentes momentos, por lo que en ocasiones se hace borrosa la distinción legal entre los migrantes económicos, los refugiados y otras personas concernientes.
El término 'feminización de la migración' se usa comúnmente para referirse al aumento de la presencia de mujeres en la migración. Sin embargo, también hay literatura que critica el uso de este término, dado que sugiere que la migración femenina ha aumentado, cuando en realidad la movilidad femenina no es nueva. Más bien, son los patrones de migración de género los que han evolucionado (Marchetti 2018). Históricamente, y dados los roles tradicionales de género que atribuyen a los hombres el papel de los que ganan el sustento de la familia, los hombres emigrarían para encontrar trabajo, y las mujeres y los niños a veces los seguirían. La movilidad de las mujeres era más invisible y dependiente de la migración masculina. Un cambio de género importante es que las mujeres en la actualidad migran solas con más frecuencia, en busca de empleo, y/o como el sostén de la familia (Marchetti 2018). Ha habido un mayor reconocimiento del papel de las mujeres en la migración.
El género es una dimensión clave que influye tanto en los motivos como en las experiencias de migración. Los roles, expectativas y relaciones de poder socialmente construidos impactan el proceso de migración. En algunas regiones, las mujeres no tienen igualdad de oportunidades con respecto al acceso a la educación y al empleo para adquirir independencia y emancipación.
La división del trabajo por género, y los sectores de empleo segregados por género, influyen en la migración laboral de mujeres y hombres. Las mujeres migran con mayor frecuencia para trabajar en textiles, electrónica, industria alimentaria, en ciertos sectores de la agricultura y el trabajo doméstico (Marchetti 2018). La migración femenina para trabajar en la industria del sexo también ha recibido mucha atención en la literatura sobre género y migración (Schrover 2008). En cuanto a los hombres, predominan la construcción, la pesca, la manufactura, la minería, la industria del metal y otros sectores según la región. Por supuesto, las oportunidades laborales difieren entre regiones.
Las políticas migratorias también pueden tener impactos diferenciados. Un marco analítico interseccional para la migración de género arroja luz sobre la interacción entre diferentes factores sociales, como la sexualidad, el género, la clase, la raza, que también se entrelazan con la política y la economía, en particular la política fronteriza. Las políticas de migración y gestión de fronteras afectan las oportunidades de migración internacional, las posibilidades y, por supuesto, el acceso a diferentes estatus migratorios.
Las vías legales para la migración de mujeres (y niñas) pueden ser más difíciles en algunos países. Por ejemplo, las prohibiciones de migración pueden afectar de manera desproporcionada a mujeres y niñas, o dirigirse directamente a ellas en nombre de su protección. A su vez, las prohibiciones de migración (así como las políticas de migración restrictivas) aumentan los riesgos asumidos por las mujeres migrantes.
“Desde 1997, a las jóvenes no acompañadas entre 16 y 25 años en el estado de Shan del Este se les ha prohibido viajar a la frontera tailandesa, según una directiva del Comandante Regional del SPDC. Esto ha limitado los derechos de las mujeres jóvenes y las ha sometido aún más al control de las personas [militares, guardias de fronteras, miembros de la familia, funcionarios del gobierno]. Las mujeres jóvenes obligadas a abandonar sus hogares para trabajar en Tailandia con el fin de mantenerse a sí mismas y sus familias simplemente terminaron pagando más para sobornar a los funcionarios y así lograr llegar a la frontera. Desde 2004, las mujeres jóvenes en esta área también han necesitado una carta de recomendación o un permiso de la Federación de Asuntos de la Mujer de Myanmar para viajar a la frontera, supuestamente para evitar posibles casos de trata. En realidad, este proceso se ha convertido en un medio de extorsión para que la MWAF [Federación de Asuntos de la Mujer de Myanmar] obtenga dinero. A principios de 2006, el costo de un permiso de MWAF fue de 200,000 Kyat (alrededor de $200)”.
El trabajo doméstico es una forma laboral de alto sesgo de género. Está compuesta principalmente por mujeres y niñas de todo el mundo y sigue siendo una forma de trabajo subvaluada. Esta subestimación está relacionada con el hecho de que se percibe como un trabajo de mujeres y niñas, un trabajo no profesional e históricamente no remunerado o muy mal pagado. Los académicos también han resaltado la dimensión racializada del trabajo doméstico. Los hogares y los empleadores pueden buscar mujeres de ciertos grupos étnicos (Anderson, 2007; Cox, 2006), dado que pueden percibirse como más adecuadas para el trabajo, más cuidadosas o más obedientes.
En la literatura, se reconoce que el trabajo doméstico es un sector en el que los trabajadores están particularmente en riesgo de explotación, dado el lugar de trabajo, las relaciones empleador/empleado y el hecho de que a menudo se realiza bajo acuerdos informales, no regulados y subvalorados. El trabajo doméstico se realiza generalmente en los hogares privados de los empleadores, lo que lo convierte en un entorno aislado. Las relaciones de trabajo a menudo son muy estrechas entre el empleador y el trabajador, y en ocasiones incluso son íntimas (Anderson 2007) y emocionales (Lutz 2008) debido al tipo de tareas que pueden ser necesarias: como cuidar a los niños o personas mayores. Especialmente cuando el trabajador vive en la casa del empleador, los límites entre las tareas pagadas y no pagadas, así como la distinción entre el tiempo libre, el tiempo de trabajo y el tiempo de guardia a menudo quedan difuminados. Las horas de trabajo se convierten inadvertidamente en largas horas y trabajo dedicado que no se compensa. Además, a pesar de ser una forma esencial de trabajo, todavía no se considera un tipo formal de trabajo. También hay acuerdos de tipo familiar, como enviar a un niño a familiares en el extranjero para que acceda a la educación a cambio de tareas domésticas. Este tipo de arreglo difumina aún más la línea entre el trabajo legítimo que debe ser compensado y los laxos arreglos de alojamiento para “ayudar” con las tareas domésticas.
Los trabajadores son a menudo migrantes y muchas veces indocumentados. El trabajo doméstico se realiza comúnmente bajo acuerdos no declarados e informales. Estos elementos hacen que el trabajador sea aún más dependiente de su trabajo como la fuente clave de ingresos.
Estos factores abren el terreno fértil para la explotación y, en algunos casos, la trata. El trabajo doméstico a menudo se excluye de las leyes laborales o, cuando se incluye, aun así puede haber trato y estándares laborales desiguales. Además, algunas políticas pueden incluso crear o mantener condiciones que faciliten la incidencia de la explotación. Un ejemplo es el sistema de visa de trabajo para trabajadores domésticos que está vinculado a un empleador. Este tipo de sistema existe en muchos lugares, por ejemplo en el Reino Unido (Kalayan, 2013) se requiere que el trabajador doméstico viva en la casa del empleador (lo que se conoce como un acuerdo de residencia). Este tipo de esquema de visa (visa de trabajadores domésticos en el extranjero) ha sido criticado y ha demostrado aumentar la dependencia del trabajador. El permiso de trabajo (y el derecho de permanencia en el país) depende de las necesidades y las decisiones del empleador para renovar. En el Medio Oriente, también hay un tipo similar de régimen de visa, llamado kafala, que es un permiso de trabajo temporal que también está vinculado a un empleador.
Las trabajadoras domésticas en todo el mundo se han movilizado durante las últimas dos décadas para defender y promover sus derechos a condiciones de trabajo decentes y el reconocimiento total del trabajo doméstico como una forma de trabajo formal (consulte un breve artículo de Garofalo and Marchetti, 2017). Un logro clave impulsado fuertemente por este movimiento es la adopción del Convenio 189 de la OIT, el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que entró en vigor en 2011.
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El Medio Oriente alberga al mayor número de trabajadores domésticos migrantes en el mundo. Las fuentes estadísticas nacionales collated by the ILO estiman que 1.6 millones de trabajadores domésticos migrantes laboran en el Levante y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Another estimate, de la Confederación Sindical Internacional, pone el número aún más alto: 2.5 millones. Estas mujeres provienen tradicionalmente de países asiáticos como Filipinas, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh y la India, sin embargo, Etiopía, Madagascar, Kenia y Uganda también han emergido como nuevos países de origen. La admisión, residencia y salida de trabajadores domésticos migrantes se rigen por el sistema kafala, un esquema de patrocinio privado para trabajadores migrantes temporales. Kafala vincula los permisos de trabajo y residencia de un trabajador doméstico a un empleador específico; hace que la renovación del permiso de residencia sea responsabilidad del empleador; y hace que la terminación del empleo, la transferencia de un empleador a otro y la salida del país estén supeditadas a la aprobación del patrocinador. Es un sistema que deja a los trabajadores totalmente a merced de sus empleadores. Además, los trabajadores domésticos siguen siendo excluidos del alcance de las leyes laborales nacionales con el argumento de que el trabajo doméstico no puede ser regulado como otros sectores sin violar la santidad del hogar del empleador. Así, los contratos de trabajo regulan la relación empleador-agencia-trabajador; sin embargo, estos documentos tienen poco peso sin mecanismos de inspección adecuados. Incluso cuando existen contratos unificados estándar, como en Kuwait, Jordania y el Líbano, los acuerdos negociados bilateralmente con los países de origen los reemplazan, promoviendo una carrera hacia el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores domésticos de diferentes nacionalidades y fomentando los estereotipos sobre la calidad del trabajo realizado por mujeres de determinados países. Como resultado, los trabajadores domésticos son sometidos a un exceso de trabajo, tienen salarios bajos y son engañados por los agentes y reclutadores. Se enfrentan a barreras considerables para acceder a la justicia y sus embajadas y consulados no tienen los recursos o la capacidad para responder al volumen de quejas. Además, cuando los trabajadores domésticos –frente a leyes injustas, las barreras de la justicia y la impunidad de los empleadores – deciden abandonar las casas de sus empleadores, son declarados "prófugos" y se vuelven susceptibles de ser arrestados, sufrir períodos prolongados de detención, multas excesivas y, finalmente, deportación y la lista negra. En los últimos 10 años, las organizaciones internacionales y las ONG en el Medio Oriente han lanzado campañas de defensa, han presentado propuestas legislativas y han ofrecido una variedad de servicios legales y socio-médicos a los trabajadores domésticos migrantes. Estas iniciativas rara vez se guiaron por las prioridades de los trabajadores domésticos, en parte porque existen muy pocos espacios para que los trabajadores domésticos en el Medio Oriente expresen sus preocupaciones. El resultado ha sido una plétora de programas y servicios bien intencionados pero incongruentes para los trabajadores domésticos. Esto está cambiando progresivamente. Inspirados por imágenes en Facebook e Instagram de trabajadores domésticos que toman las calles en todo el mundo, los trabajadores domésticos en todo el Medio Oriente se están consolidando en organizaciones sectoriales o basadas en la nacionalidad para hacer que sus demandas sean escuchadas. |
El ejemplo del trabajo doméstico ilustra que las fuentes de vulnerabilidad son múltiples. Se derivan de contextos socioeconómicos y políticos de desigualdades de género, escaso acceso a oportunidades de empleo y división del trabajo por género. Los factores de vulnerabilidad también se derivan de los regímenes legales y de política establecidos, y de la discriminación de género que determina las actitudes de los empleadores. De hecho, las opiniones de género sobre el trabajo doméstico influyen en la subvaloración de este trabajo. La discriminación por raza y clase refuerza aún más la visión despreciativa del trabajo doméstico, manteniendo las condiciones de trabajo por debajo del estándar.
En los últimos diez años, ha surgido un cuerpo de literatura que analiza cómo la orientación sexual y la identidad de género afectan y se cruzan con la migración. La preocupación por migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que son lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) en el ámbito internacional de los derechos humanos también ha aumentado (Lewis y Nápoles 2014).
La orientación sexual homosexual está penalizada en numerosos países. Según el informe anual de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), 72 países penalizan la homosexualidad (ILGA, 2017). Numerosas personas LGBTI en todo el mundo huyen de su país debido a la discriminación, así como a la violencia y amenazas de cárcel o asesinato.
Por lo tanto, la orientación sexual y la identidad de género pueden impactar en la decisión de migrar, pero también aumentar los riesgos durante el proceso de migración. A lo largo de su viaje, las personas LGBTI pueden estar sujetas a exclusión social, discriminación y violencia en los diferentes entornos para las poblaciones desplazadas, así como por la comunidad de acogida.
Las personas LGBTI enfrentan una amplia variedad de riesgos de protección en los países de asilo, incluida la persecución por parte de las autoridades, las comunidades de acogida, los familiares y otros solicitantes de asilo y refugiados. Estas amenazas se extienden a las áreas donde las personas LGBTI viven, trabajan y conviven, e implican varios aspectos de su vida, incluidos sus derechos a la disposición de servicios judiciales y policiales locales, arreglos de vivienda adecuados, acceso a servicios de salud y a estar libres de sometimiento a la violencia por su [orientación sexual e identidad de género] SOGI (por sus siglas en inglés) (ACNUR 2015: p.27)
Las personas que se identifican como LGBTI también son víctimas de la trata. Como se mencionó anteriormente, la discriminación, la exclusión social y las amenazas a la seguridad que enfrentan, tanto en su comunidad de origen como a lo largo de su ruta migratoria, fomentan la vulnerabilidad a la violencia, la explotación y la trata. Respecto al tema, véase el trabajo de Precious Diagboya sobre los trabajadores sexuales masculinos en Nigeria y las percepciones de la trata en la comunidad (2017). El autor destaca la brecha de género en la investigación sobre TIP para la explotación sexual, el enfoque sigue estando en las mujeres y niñas.
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