Una de las garantías más fundamentales de los derechos humanos y del Estado de derecho es el derecho a un juicio imparcial, que debería ser un componente principal de las leyes, las políticas y las prácticas contra el terrorismo. En consecuencia, por muy atroces que sean las denuncias hechas en contra de los individuos acusados de terrorismo, se les debe someter a un juicio imparcial acompañado de garantías procesales en virtud de las normas aceptadas a nivel internacional. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar el estado de derecho de los Estados y de promover planes terroristas, cuyos objetivos principales incluyen el debilitamiento de los derechos constitucionales y libertades fundamentales que garantizan los Estados a sus ciudadanos.
Además, cualquier debilitamiento del derecho a un juicio imparcial corre el riesgo de deteriorar la protección de otros derechos estrechamente relacionados, como el derecho a la vida (Módulo 8), la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Módulo 9), y derechos correspondientes al arresto y la detención (Módulo 10). Las garantías procesales cobran especial importancia en los juicios relacionados con el terrorismo, que, por lo general, conllevan sanciones severas a modo de castigo para reflejar su gravedad, como la cadena perpetua o incluso la pena de muerte (consulte el Módulo 8 para obtener más información). Por tanto, los objetivos principales de este módulo son identificar y analizar los principios y normas internacionales y regionales sobre los juicios imparciales y las garantías procesales, así como revisar ciertas prácticas de justicia penal que amenazan o debilitan tales garantías fundamentales del Estado de derecho.