Debatir o investigar:
El siguiente caso de estudio es ficticio, pero se basa en una combinación de casos reales de violaciones comunes y recurrentes del derecho a un juicio imparcial, y se centra sobre todo en la presunción de la inocencia. El caso de estudio podría utilizarse como la base de un ejercicio de discusión grupal y adaptarlo con facilidad a su propio contexto nacional.
El 16 de abril de 2013 a alrededor de las 7 p. m., la policía detuvo al señor Ciudadano cerca de su casa. No fue acusado de ningún delito en el momento de su detención. Fue llevado a la estación de policía de la jurisdicción y fue encerrado en una habitación por la noche. En la mañana, los oficiales de policía y del ejército fueron a su habitación, lo llevaron a un lugar desconocido y empezaron a amenazarlo; lo presionaron para confesar el asesinato de un oficial superior de policía que ocurrió el 1 de abril de 2013. El acusado fue presentado ante el juez del área el 18 de abril de 2013 a las 10:30 a. m. En el mismo día, se le realizó un examen médico forense. No se encontraron lesiones en su cuerpo. En la noche del 19 al 20 de abril de 2013, cuatro oficiales desconocidos entraron a su celda. Fue esposado y su cabeza fue cubierta con una capucha. Se le ofreció una «última oportunidad» para declararse culpable o, de lo contrario, sería asesinado. Los oficiales comenzaron a golpearlo, recibió puñetazos, fue empujado y cayó varias veces al piso. Sufrió lesiones en la cabeza y las rodillas en el proceso. Luego, los oficiales amenazaron con asesinar a su esposa e hija.
El 28 de abril de 2013, el juez ordenó otro examen médico forense después de que un abogado alegó que el acusado había sido torturado. Se realizó el examen el 17 de mayo de 2013. Según el informe del examen forense, solo se encontró una pequeña lesión que ya estaba sanando en la cabeza del demandante. Según el informe, la lesión en cuestión pudo haber sido causada por accidente mientras dormía. No se tomó ninguna otra medida basada en el informe de parte del acusado o del juez.
Por moción propia, el 16 de abril de 2013, el presidente de la Corte Suprema de Arcadia ordenó un informe de indagación sobre el asesinato del oficial superior de policía en un plazo de 24 horas y el arresto de los presuntos culpables. El inspector general de la Policía (IGP) correspondiente presentó el informe ante el tribunal al día siguiente. En una audiencia pública, informó al tribunal que la agencia investigadora ya había arrestado al señor Ciudadano, quien confesó el crimen, anteriormente era miembro de una organización proscrita, y antes había sido acusado y condenado por financiamiento de actividades terroristas. Se publicaron estos detalles en los medios, junto con fotografías del señor Ciudadano en las que sostenía una AK-47 en compañía de un reconocido líder de un grupo criminal. Por medio de una declaración en un periódico, el presidente de la Corte Suprema de Arcadia felicitó al IGP por el progreso realizado hasta el momento en los procedimientos de justicia penal; asimismo, ordenó al IGP que complete la investigación de todos los asuntos relevantes en unos días para que el tribunal de primera instancia pudiera culminar el juicio por asesinato en una semana.
Una de las principales entidades mediáticas obtuvo una copia de la presunta confesión del señor Ciudadano y la publicó en el periódico. Otra entidad mediática presentó una entrevista del antiguo vecino del señor Ciudadano, quien dijo al reportero que el acusado era un hombre con mal carácter y que una vez robó su gallina. Una tercera entidad mediática invitó a un abogado para analizar la pena máxima que el señor Ciudadano podría recibir en el juicio, así como las posibilidades de la sentencia del acusado.
En grupos pequeños (p. ej., de 4 a 7 personas), discutan, en relación con los principios del juicio imparcial y las garantías procesales del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las reglas en cuanto al derecho de un sospechoso a ser informado de los cargos en su contra en el sistema jurídico del país al que usted pertenece? Compárenlas con las normas internacionales descritas anteriormente. En la práctica, ¿estas reglas se aplican en su totalidad en casos de terrorismo? En su sistema jurídico, ¿cuáles son las consecuencias de no informar a un sospechoso de los cargos en su contra?
Organice un debate. Divida la clase en dos grupos: (1) representantes del Ministerio de Justicia (de su propio país, de otro país o de un país ficticio, como sea más apropiado a su contexto) que están a favor de que terroristas civiles sean juzgados por un tribunal «especial» o militar o comisiones que, por lo general, no ofrecen la totalidad los derechos a un juicio imparcial según lo analizado en este módulo; y (2) representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales o internacionales que se oponen firmemente a dicho planteamiento y opinan que incluso los terroristas civiles deben ser juzgados por un tribunal penal civil «ordinario» para asegurar los derechos a un juicio imparcial y sus garantías establecidos en el artículo 14 del ICCPR.
Para ayudar a aclarar más sus ideas, puede ser útil para los estudiantes tener tiempo para leer (o haber leído antes de la clase) los siguientes dos artículos:
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