Este módulo es un recurso para los catedráticos

Temas clave

La Convención contra la Delincuencia Organizada es una de las herramientas globales más importantes para promover la cooperación internacional con el fin de combatir la delincuencia organizada transnacional. La importancia otorgada a la cooperación en la Convención se deja en claro en el artículo 1.

Artículo 1. Declaración de propósitos

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

La palabra «cooperación» aparece en la Convención contra la Delincuencia Organizada 49 veces, ilustrando la importancia de esa idea en todo el acuerdo que disfruta de adherencia casi universal. Permitir que los países con diferentes tradiciones, marcos jurídicos y burocracias hablen la misma lengua es uno de los objetivos centrales de la Convención contra la Delincuencia Organizada, y una de las herramientas centrales para responder a la amenaza global planteada por la delincuencia organizada transnacional.

En relación con las diferencias entre los ordenamientos jurídicos, la Convención contra la Delincuencia Organizada dedica considerables esfuerzos por fomentar la cooperación internacional y, al mismo tiempo, respeta las tradiciones jurídicas nacionales, así como la soberanía (UNODC, 2012).

Artículo 4. Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Este módulo abordará los varios mecanismos desarrollados para tratar la delincuencia organizada transnacional mediante la mejora de la cooperación transfronteriza. Estas medidas incluyen la asistencia judicial recíproca, la extradición, la cooperación internacional para la remisión de actuaciones judiciales y el traslado de personas condenadas.

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