La expresión "respuesta de la justicia penal" comprende las distintas fases que comienzan con las estrategias de prevención del delito, hasta el proceso de identificación de los autores, su enjuiciamiento (incluyendo el juicio y la apelación) y la aplicación de sanciones. Existen distintos actores/entidades que pueden estar involucrados en este contexto, incluyendo a la policía, los fiscales, los tribunales y las autoridades penitenciarias. Las siguientes secciones analizan algunos aspectos de cómo funciona la respuesta de la justicia penal que son relevantes, o particularmente relevantes, para el tráfico de migrantes. Sin embargo, no incluyen un análisis exhaustivo de la respuesta de la justicia penal y sus actores. Por ejemplo, no se aborda el sistema penitenciario ya que sus reglas y principios operativos no difieren con respecto a los traficantes de personas que con respecto a otros tipos de delincuentes (ver, por ejemplo, Principios básicos para el tratamiento de prisioneros (1990) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (las Reglas de Bangkok).
Es importante destacar que este módulo no se enfoca exclusivamente en las acciones de la policía, los fiscales o los tribunales (para obtener más información sobre ellos, consulte: el Módulo 8 y Módulo 9 de la Serie de módulos universitarios sobre delincuencia organizada). También ofrece un acercamiento general a las funciones de otros actores que pueden asistir a las autoridades de justicia penal en el cumplimiento de sus respectivos mandatos.
Si bien la respuesta de la justicia penal no es en sí misma suficiente para abordar de manera efectiva el tráfico de migrantes, indiscutiblemente es una parte integral del abordaje de este fenómeno. La ley penal ofrece los medios y las herramientas específicas que se necesitan para neutralizar las amenazas inmediatas planteadas por los traficantes de migrantes, para combatir el delito y castigar a los autores. Del mismo modo, es a través del derecho y el proceso penal (junto con otras ramas del derecho) que se pueden proteger algunos de los derechos de los migrantes objeto de tráfico, incluso si no son garantizados inmediatamente. También se extiende protección a los sospechosos o condenados por el tráfico ilícito de migrantes. Tienen derecho a asistencia legal, garantías de debido proceso y, por supuesto, a salvaguardas de sus derechos humanos (consulte, por ejemplo, los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal). El derecho penal puede ayudar a poner en práctica los derechos humanos tanto para los traficantes de migrantes como para las personas que ellos trafican.
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