Se desconoce la verdadera magnitud de la delincuencia organizada. Los típicos delitos organizados como la conspiración, la asociación delictiva, el chantaje y la extorsión no se contabilizan de ninguna manera sistemática. Otros delitos que involucran la provisión de bienes y servicios ilícitos suelen conocerse solo cuando resultan en detenciones o enjuiciamiento.
El problema de la medición de la delincuencia organizada se dificulta por cuatro factores interrelacionados: los esfuerzos de los delincuentes por ocultar lo que hacen, las víctimas que no denuncian, el grado en el que la delincuencia organizada está involucrada en un incidente particular y los múltiples elementos del fenómeno.
La delincuencia organizada está más oculta que muchos otros tipos de delito porque se hacen esfuerzos concretos para evitar que sea conocida. Por ejemplo, un grupo delictivo organizado que ofrece bienes ilícitos —como el uso de drogas fabricadas o producidas ilícitamente, productos médicos falsificados o mercadería falsificada— o servicios ilícitos —como el tráfico ilícito de migrantes— también toma medidas para proteger estas actividades delictivas en curso por medio de la corrupción, el lavado de dinero y la obstrucción de la justicia. Por lo tanto, aquellos que están involucrados en la delincuencia organizada no solo cometen delitos, sino que realizan esfuerzos para ocultarlos de manera que no se descubran.
La naturaleza de la delincuencia organizada reduce la probabilidad de que las victimas denuncien estos delitos a las autoridades. En algunos casos, los consumidores de los productos y servicios que ofrecen los grupos delictivos organizados son participantes voluntarios, por lo que serían incriminados si denuncian los delitos. Un delito en el que todas las partes implicadas consienten un acto ilegal, conocido como delito sin víctima, tiene un patrón distinto de comportamiento desviado y hace especialmente difícil la identificación de las víctimas directas. Por ejemplo, consideremos a los consumidores y beneficiarios de mercancías y servicios ilícitos en casos de tráfico de drogas, productos falsificados o tráfico ilícito de migrantes. En todos esos ejemplos, todas las partes implicadas en la transacción ilícita están dispuestas a participar de este tipo de delito. Como resultado, hay menos probabilidades de que los delitos cometidos por los grupos delictivos organizados se denuncien a las autoridades, en comparación a otros delitos como el robo y hurto en el que la víctima y el delincuente se diferencian con más claridad. Además, los delitos que involucran la infiltración del Gobierno y en las empresas implican corrupción o extorsión, por lo tanto, las víctimas podrían incluir a la comunidad en general, que no sabe que está siendo victimizada, o a personas que son cómplices, corruptas o que están bajo coacción, por ejemplo, mediante la extorsión. Es probable que, en cualquiera de estas situaciones, el delito no se denuncie a las autoridades. El número de delitos no denunciados es conocido como la «cifra oscura de la delincuencia», lo cual hace dudar de la efectividad y eficiencia de los datos oficiales de la delincuencia.
La delincuencia organizada es un concepto difícil de medir con exactitud o de aislar de la delincuencia no organizada. La mayoría de los Gobiernos solo pueden registrar incidentes delictivos conocidos. Es difícil conocer qué porcentaje de las detenciones por drogas, armas de fuego ilegales o propiedad robada están conectadas con las actividades de la delincuencia organizada y cuáles son solo actos de personas no relacionadas con la delincuencia organizada. Algunas jurisdicciones se esfuerzan por medir la delincuencia organizada contando a los grupos delictivos organizados o considerando si algunos incidentes están relacionados con la delincuencia organizada. El problema yace en hacer estas determinaciones, basadas a menudo en hechos incompletos y evaluaciones arbitrarias de la situación de los sospechosos, que podrían no conocerse hasta después de la sentencia si es que alguna vez se conocen realmente.
La delincuencia organizada es un fenómeno complejo que se compone de múltiples elementos superpuestos, medidos a menudo por separado. Existen al menos cinco componentes de la delincuencia organizada (Williams, 2001). Dichos componentes son los siguientes:
a) Delincuentes: los verdaderos autores del delito y sus cómplices;
b) Productos: pueden ser productos ilícitos, como productos médicos falsificados o productos lícitos que son robados o traficados;
c) Personas: personas que han sido objeto de trata dentro de los mismos países y entre fronteras para satisfacer la demanda del comercio y trabajo sexual a nivel mundial y los migrantes irregulares que ingresan a países violando las restricciones de inmigración;
d) Ingresos: las ganancias de la actividad ilícita; y
e) Dimensión cibernética: varias formas de delito cibernético como la explotación sexual de niños en línea, códigos maliciosos o virus, o los robos electrónicos a bancos.
Por consiguiente, la metodología para medir la delincuencia organizada puede cambiar según cuál sea el elemento específico de la delincuencia organizada foco de la investigación.
Solo existen tres perspectivas para contar los delitos de cualquier tipo: el delincuente, la víctima y las autoridades gubernamentales (generalmente la Policía o los tribunales). En el caso de la delincuencia organizada, se puede observar que es difícil intentar medirla desde cualquiera de las tres perspectivas, ya que es poco probable que tanto los delincuentes como las víctimas revelen el incidente y por lo tanto la Policía tampoco tendría conocimiento de ello.
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Encuestas de victimización: un instrumento para entender y prevenir la delincuencia) El objetivo de estas encuestas es de proveer información para mejorar la descripción del fenómeno criminal en diferentes comunidades y Estados, debido a la imposibilidad de describirlo exclusivamente a partir de los hechos delictuosos denunciados al sistema penal. En efecto, la principal fuente de información oficial sobre los hechos delictivos, es decir los registros administrativos policiales y judiciales, no captan aquellos casos en los cuales los delitos no son reportados a las autoridades competentes, por lo que estos hechos no son contabilizados en las estadísticas. De esta forma, las encuestas de victimización complementan la información generada por los registros administrativos y contribuyen a la formulación de un diagnostico científico del problema de la delincuencia, determinando la prevalencia de hechos delictuosos en diferentes comunidades, así como la proporción de delitos no denunciados. Estas encuestas registran también la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades y generan elementos útiles para la toma de decisiones de política pública en estas materias. El primer estudio de victimización que se condujo en América Latina fue realizado por la Universidad de Panamá (1973) el segundo en México (1976), en la ciudad de Jalapa, y siete años después en la Ciudad de México, así como posteriormente en varios otros países (UNODC-INEGI, 2018). Desde el 1989, se llevó a cabo el primer levantamiento de la “Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización” (ICVS, por su sigla en inglés), que ofrece datos comparativos sobre el fenómeno criminal en varias naciones participantes, aunque en este caso no se consideró ningún país de la región de América Latina y Caribe. En el segundo levantamiento ICVS, llevado a cabo a principio de los 90’, participaron también países de la región: Argentina (Buenos Aires), Brasil (Rio de Janeiro) y Costa Rica (San José). En las encuestas posteriores se incorporaron también otros países, como Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Los principales lineamientos y recomendaciones en torno a las encuestas de victimización surgen del Manual para encuestas de victimización de UNODC, a nivel internacional, y del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización, y Justicia (CdE), a nivel de América Latina y Caribe. El CdE, que nació de una colaboración entre la UNODC y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), mantiene un Atlas de encuestas de victimización de todos los países que cuentan con ellas. |
El problema de la medición directa ha llevado a realizar algunos esfuerzos para basarse en indicadores indirectos de la delincuencia organizada, como la medición de la presencia de grupos organizados con el uso de las investigaciones policiales, homicidios no resueltos, datos sobre la victimización, datos sobre las percepciones públicas y la cobertura de la delincuencia organizada por parte de los medios de comunicación. Estos esfuerzos han sido esporádicos debido a la falta de datos válidos y confiables en los que se pueda basar una medición sustancial de la delincuencia organizada. Por lo tanto, no ha habido un progreso consistente en la mejora de la medición de la delincuencia organizada (Barberet, 2014; Castle, 2008; Dugaro. De Simoni y Savona, 2014; Sergi, 2016).
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Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) La UNODC desarrolló la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) con el fin de mejorar la calidad de los datos sobre la delincuencia y la justicia penal a nivel nacional y apoyar los esfuerzos nacionales para supervisar las metas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La ICCS es una clasificación de delitos basada en conceptos, definiciones y principios acordados internacionalmente con el fin de mejorar la coherencia y comparabilidad internacional de las estadísticas sobre el delito, además de mejorar la capacidad de análisis a nivel nacional e internacional. También puede aplicarse a todas las formas de datos sobre el delito, cualquiera que sea la etapa del proceso de justicia penal (policial, enjuiciamiento, condena, prisión) en que se recopilan, así como a los datos recopilados en los estudios de victimización. |
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