La detención, de una forma u otra, a menudo constituye un elemento central de las respuestas de la justicia penal de los Estados al terrorismo. La prisión es la sanción más usada para las personas declaradas culpables de delitos de terrorismo. Se puede usar la detención antes de la condena para prevenir que un sospechoso que va a ser juzgado se fugue, intimide a los testigos o manipule las pruebas de cualquier otra forma. En algunas circunstancias, la detención también puede usarse fuera del contexto de los procedimientos de la justicia penal, como una medida de seguridad incluso en el marco de la lucha contra el terrorismo, para proteger la seguridad pública o nacional mediante el control o la limitación de los movimientos de una persona. Además, puede utilizarse para asegurar la presencia de una persona sujeta a procedimientos de extradición.
Aunque a menudo el uso de la detención en tales circunstancias será legal, siempre existe el riesgo del uso indebido del poder para detener, con las consiguientes e importantes consecuencias para las personas afectadas. Estas pueden ir desde hacer que un detenido sea más vulnerable a los actos de tortura u otras formas de maltrato, incluso la entrega extrajudicial, examinada en el Módulo 9, hasta negarles el derecho fundamental a un juicio justo que se discutió en el Módulo 11. El objetivo clave de este módulo es identificar y analizar los marcos jurídicos pertinentes aplicables durante los escenarios de tiempo de paz y conflicto armado, en conjunto con los problemas contemporáneos más importantes que dan motivos de preocupación.
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