El enfoque de seguridad humana amplía el alcance del análisis y la política de seguridad desde la noción tradicional de seguridad nacional hasta la seguridad de las personas y sus complejas interacciones sociales y económicas (véase también UNDP, 2013). Como se señaló en Naciones Unidas en la resolución 66/290 de la Asamblea General, "la seguridad humana es un enfoque para ayudar a los Estados Miembro a identificar y abordar desafíos generalizados y transversales para la supervivencia, el sustento y la dignidad de sus pueblos". Pide "respuestas centradas en las personas, integrales, específicas del contexto y orientadas a la prevención que fortalezcan la protección y el empoderamiento de todas las personas".
De hecho, la seguridad humana, entre otras dimensiones, implica la seguridad personal de los individuos, entendida como seguridad contra amenazas del delito, la violencia, la guerra y el abuso (véase más adelante).
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/66/290 sobre el seguimiento del párrafo 143 sobre seguridad humana del resultado de la Cumbre Mundial3. (…) Una comprensión colectiva sobre la noción de seguridad humana incluye lo siguiente: a) El derecho de las personas a vivir en libertad y dignidad, libres de la pobreza y la desesperanza. Todos los individuos, en particular las personas vulnerables, tienen derecho a estar libres de miedo y libres de necesidad, con la misma oportunidad de disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente su potencial humano; b) La seguridad humana exige respuestas centradas en la gente, integrales, específicas para el contexto y orientadas a la prevención que fortalezcan la protección y el empoderamiento de todas las personas y todas las comunidades; c) La seguridad humana reconoce las interrelaciones entre la paz, el desarrollo y los derechos humanos, e igualmente considera los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; d) La noción de seguridad humana es distinta de la responsabilidad de proteger y su implementación; e) La seguridad humana no implica la amenaza o el uso de la fuerza o medidas coercitivas. La seguridad humana no sustituye a la seguridad del Estado; f) La seguridad humana se basa en la propiedad nacional. Dado que las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para la seguridad humana varían significativamente entre los países y dentro de ellos, y en diferentes momentos, la seguridad humana fortalece las soluciones nacionales que son compatibles con las realidades locales; g) Los gobiernos conservan el papel y la responsabilidad primordiales de garantizar la supervivencia, el sustento y la dignidad de sus ciudadanos. El papel de la comunidad internacional es complementar y brindar el apoyo necesario a los gobiernos, bajo su solicitud, para fortalecer su capacidad de responder a las amenazas actuales y emergentes. La seguridad humana requiere una mayor colaboración y asociación entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil; h) La seguridad humana debe implementarse con pleno respeto de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto de la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la no injerencia en asuntos que pertenecen esencialmente a la jurisdicción nacional de los Estados. La seguridad humana no conlleva obligaciones legales adicionales por parte de los Estados; (...) |
En la resolución 66/290 de la AG subraya el papel de los "Estados miembro en la identificación y el tratamiento de los desafíos generalizados y transversales para la supervivencia, el sustento y la dignidad de sus pueblos". Anteriormente, el Informe sobre Desarrollo Humano Mundial de 1994 había especificado que la seguridad humana incluía siete dimensiones esenciales: (i) económica, (ii) alimentaria, (iii) de salud, (iv) ambiental, (v) personal, (vi) comunitaria y (vii) política. Sin embargo, esta lista no es exhaustiva ni definitiva.
Varios otros conceptos se han incluido progresivamente en el concepto de seguridad humana, como la exclusión social, la modernización y el cambio climático. Independientemente del tema que se aborde, un principio rector del enfoque de seguridad humana es aquel que requiere comprender las amenazas experimentadas por grupos particulares de personas, así como la participación de esas personas en el proceso de análisis. Las amenazas a la seguridad humana pueden existir en todos los niveles de desarrollo. Pueden emerger lenta y silenciosamente o aparecer repentina y dramáticamente. La idea central es que las personas tengan derecho a vivir en libertad y dignidad, libres de la pobreza y la desesperanza, con la misma oportunidad de disfrutar de todos sus derechos y desarrollar plenamente su potencial humano.
Seguridad humana:
Teniendo en cuenta lo anterior, se alienta a los profesores a facilitar una discusión sobre cómo se podría integrar el concepto de seguridad humana en el debate general sobre la prevención y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.
Como se explica en el Módulo 2, si bien los Estados están obligados a respetar y promover los derechos humanos (incluidos los de los migrantes objeto de tráfico ilícito), en la práctica esto no siempre ocurre. El tráfico ilícito de migrantes a menudo se entiende únicamente como una amenaza a la soberanía de los Estados. En la evaluación de la seguridad del Estado y la seguridad humana, a menudo se da prioridad a la primera. Sin embargo, subestimar a esta última es un factor importante en el fracaso de las políticas de Estado para contrarrestar de manera efectiva el tráfico ilícito de migrantes.
Mientras las personas se sientan amenazadas, en peligro, perseguidas, sometidas a violencia generalizada y sean víctimas de disturbios políticos o sociales y crisis económica, es poco probable que dejen de intentar encontrar seguridad y protección en el extranjero, incluso mediante el uso de los servicios de traficantes de migrantes. Estos asuntos deben abordarse tanto en los países de origen como en los de destino. Dado que una causa central del tráfico ilícito de migrantes es la falta de vías regulares para la migración, es indispensable desarrollar alternativas suficientes y responsables a la migración irregular. Esto es especialmente importante, teniendo en cuenta los peligros a los que los migrantes traficados a menudo están expuestos durante las operaciones de tráfico ilícito.
Es notable que los esfuerzos de desarrollo social y económico dirigidos a abordar las causas de raíz de la migración, desarrollar vías para una migración regular y segura y/o abordar directamente el tráfico ilícito de migrantes a menudo están vinculados al compromiso y los marcos políticos. A continuación se presentan algunos ejemplos de procesos y compromisos políticos internacionales:
Proceso de JartumEl Proceso de Jartum es una plataforma para la cooperación política entre los países a lo largo de la ruta de migración entre el Cuerno de África y Europa. También conocida como Iniciativa de la Ruta Migratoria UE-Cuerno de África, el marco de consulta intercontinental tiene como objetivo:
Los siguientes países son signatarios de la Declaración de la Conferencia Ministerial del Proceso de Jartum, también conocida como la Declaración de Roma: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Djibouti, Egipto, Eritrea, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Kenia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos , Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Sudán del Sur, España, Sudán, Suecia, Túnez y Reino Unido. Desde esta Declaración, Libia también fue invitada como Miembro del Proceso de Jartum tras el establecimiento de un Gobierno de Acuerdo Nacional, y Noruega, Suiza y Uganda también se han convertido en Miembros del Proceso. Proceso de Jartum |
Iniciativa UA-Cuerno de África sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantesLa Iniciativa de la Unión Africana - Cuerno de África sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se lanzó a través de la Declaración de Jartum del 16 de octubre de 2014. Su objetivo es tomar medidas para abordar la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los numerosos factores que hacen que las personas sean vulnerables a esos delitos, así como integrar la prevención, fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden para responder a los delitos y fomentar la cooperación y la coordinación entre todas las partes interesadas. Djibouti, Egipto, Eritrea, Libia, Sudán, Sudán del Sur y Túnez han respaldado esta Iniciativa. Iniciativa AU-Horn of Africa |
Proceso RabatEl Proceso de Rabat es una plataforma para la cooperación política entre los países a lo largo de la ruta migratoria entre África Central, Occidental, del Norte y Europa. Reúne a más de 60 socios para discutir abiertamente las cuestiones de migración y desarrollo en un espíritu de asociación. Desde 2006, el Proceso promueve la formulación de políticas sobre cuestiones de migración, a través de un enfoque que incluye el vínculo entre migración y desarrollo. La necesidad de vincular a los países de origen, tránsito y destino afectados por las rutas de migración occidentales surgió del reconocimiento de que encontrar una respuesta al creciente número de migrantes que deseaba llegar a Europa cruzando el Estrecho de Gibraltar o llegando a las Islas Canarias en ese momento, no era responsabilidad exclusiva de Marruecos y España. Se buscó un punto de equilibrio entre los países que consideran que el desarrollo es una prioridad para reducir los flujos migratorios y aquellos que consideran prioritaria la lucha contra la migración irregular. En este contexto, Francia, Marruecos, Senegal y España tomaron la iniciativa de establecer el Proceso de Rabat en 2006. Proceso de Rabat |
Proceso de BaliDesde su inicio en 2002, el Proceso de Bali sobre el tráfico ilícito de personas, la trata de personas y la delincuencia transnacional relacionada (Proceso de Bali) ha aumentado efectivamente la conciencia regional sobre las consecuencias del tráfico de personas, la trata de personas y la delincuencia transnacional relacionada. Es un foro para el diálogo sobre políticas, el intercambio de información y la cooperación práctica para ayudar a la región a abordar estos desafíos. El Proceso de Bali, copresidido por Indonesia y Australia, cuenta con más de 48 miembros, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD/UNODC), así como varios países observadores y organismos internacionales. También incluye el Ad Hoc Group, que reúne a los países miembro más afectados y las organizaciones internacionales relevantes, para abordar temas específicos de tráfico ilícito de personas, trata de personas y migración irregular en la región. En la Sexta Conferencia Ministerial del Proceso de Bali (marzo de 2016), los Ministros confirmaron los objetivos y prioridades centrales del Proceso de Bali a través del respaldo de la Declaración del Proceso de Bali sobre el tráfico ilícito de personas, la trata de seres humanos y el delito transnacional. La Declaración reconoce la creciente escala y complejidad de los desafíos de la migración irregular, tanto dentro como fuera de la región de Asia Pacífico y apoya medidas que contribuirían a estrategias integrales de largo plazo que aborden los delitos de tráfico de personas y trata de personas, así como a reducir la explotación de los migrantes mediante la expansión de rutas de migración seguras, legales y asequibles. El proceso de Bali |
Declaración de Nueva York para refugiados y migrantesLa Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, adoptada en septiembre de 2016 por la Asamblea General, expresa la voluntad política de los líderes mundiales para salvar vidas, proteger derechos y compartir responsabilidades a escala mundial. Incluye compromisos tales como:
United Nations, Refugiados y los migrantes
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Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada e RegularEl pacto mundial para la migración será el primer acuerdo negociado a nivel intergubernamental, preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera holística y completa. En la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, la Asamblea General decidió desarrollar un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular. El proceso para desarrollar este pacto global para la migración comenzó en abril de 2017. La Asamblea General celebró una conferencia intergubernamental sobre migración internacional del 10 al 11 de diciembre de 2018 en Marrakech y adoptó el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, que describe un marco para gestionar mejor la migración internacional. El pacto mundial es una oportunidad significativa para mejorar la gobernanza de la migración, abordar los desafíos asociados con la migración actual y fortalecer la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. United Nations, Refugiados y Migrantes
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El siguiente ejemplo se centra en la cooperación militar. Sin embargo, dado que se basa en compromisos y acuerdos políticos entre Estados, aquí se hace referencia bajo el auspicio de 'respuestas políticas' al tráfico ilícito de migrantes.
EUNAVFOR MED - Operación SophiaEUNAVFOR es una operación naval de la UE encargada por el Consejo de Seguridad de la ONU para interrumpir el modelo de negocio de traficantes y tratantes en el sur del Mediterráneo central (CSNU, Resolución 2240 adoptada en 2015). EUNAVFOR MED La operación Sophia es solo uno de los elementos de respuesta integral más amplia de la UE al problema de la migración, que busca abordar no solo su componente físico, sino también sus causas fundamentales, incluidos los conflictos, la pobreza, el cambio climático y la persecución. El mandato central de la misión es emprender esfuerzos sistemáticos para identificar, capturar y disponer de embarcaciones y habilitar activos utilizados o sospechosos de ser utilizados por traficantes o tratantes de migrantes, para contribuir a los esfuerzos más amplios de la UE para interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas en el sur del Mediterráneo central y evitar una mayor pérdida de vidas en el mar. Desde el 7 de octubre de 2015, según lo acordado por los Embajadores de la UE en el Comité de Seguridad el 28 de septiembre, la operación pasó a la fase 2 de Aguas Internacionales, lo que implica el embarque, la búsqueda, la incautación y el desvío, en alta mar, de buques sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito o la trata de personas. El pasado 20 de junio de 2016, el Consejo prorrogó hasta el 27 de julio de 2017 el mandato de la Operación Sophia reforzándolo al agregar dos tareas de apoyo:
El 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2016, se autorizó el inicio del desarrollo de capacidades y el entrenamiento, y el comienzo de la contribución a la implementación del embargo de armas de la ONU. La operación Sophia de EUNAVFOR MED está diseñada en torno a 4 fases:
El Consejo Europeo es responsable de evaluar si se han cumplido las condiciones para la transición entre las fases de operación. Desde el punto de vista legal, todas las actividades emprendidas en cada fase se adhieren y respetan el derecho internacional, incluidos los derechos humanos, el derecho humanitario y de refugiados y el principio de "no devolución", lo que significa que ninguna persona rescatada puede ser desembarcada en un tercer país. EUNAVFOR MED Operación Sophia |
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