Para afrontar la delincuencia organizada, en particular su infiltración y esfuerzo por corromper empresas legítimas, Estados Unidos introdujo el delito de racketeering. No parece existir un término concreto en español para referirse al racketeering, pero algunos términos como chantaje, amañado y extorsión sistematizada han sido propuestos como posibles traducciones. El racketeering es un tipo más nuevo de tipificación con un objetivo similar al de la confabulación y asociación delictiva, pero con un alcance más amplio. La tipificación del racketeering no está incluida en la Convención contra la Delincuencia Organizada. Esta contempla penas más extensas para delitos cometidos como parte de empresas delictivas activas. En ocasiones, se las denomina RICO, por el significado de sus siglas en inglés (organizaciones corruptas e influenciadas por asociaciones ilícitas) y hace ilegal adquirir, operar o recibir ingresos de una empresa por medio de la modalidad de actividad extorsiva.
A pesar de que una cantidad limitada de Estados miembro tenga leyes similares a la Ley RICO, muchos países tienen leyes con intenciones similares, pero el alcance de estas leyes varía de manera considerable. Australia, Canadá, Italia, Nueva Zelanda y Sudáfrica son ejemplos con nuevas leyes dirigidas a criminalizar actividades conexas con el racketeering, como el delito financiero, transacciones bancarias, corrupción, delito cibernético y otras formas de delito transnacional. Un significativo número de casos de racketeering involucran a la delincuencia organizada internacional, mediante el uso de internet e intercambios internacionales para proveer bienes y servicios ilícitos (Ayling y Broadhurst, 2014; Heber, 2009; Salvador, 2015; Sergi, 2014).
Definición de empresa extorsiva (racketeering enterprise)
Según la Ley RICO, una empresa se define como cualquier negocio o grupo activo, legal o ilegal, que se utiliza como una base para la actividad delictiva. La actividad extorsiva se puede definir de manera general, y muchos delitos graves son suficientes para establecer responsabilidad, si se realizan como parte de una empresa o patrón. Una empresa puede ser cualquier persona o grupo (organización legal o ilegal) que comete estos delitos. El patrón que siguen es la comisión de dos o más delitos graves en un periodo de 10 años (excluyendo cualquier periodo de prisión de los acusados).
La Ley RICO establece penas más amplias (hasta 20 años de prisión) por delitos cometidos a modo de «extorsión sistematizada», lo que significa delitos graves específicos cometidos como parte de una empresa delictiva y como parte de un patrón. Estas disposiciones de la Ley RICO se establecieron para combatir a los grupos delictivos organizados y sus operaciones.
El alcance y el significado exactos de «empresa», «patrón» y las actividades que bastan para constituir una «actividad extorsiva» según la Ley RICO han sido desarrollados por medio de una serie de decisiones de tribunales nacionales e interpretaciones, como es habitual en la tradición del derecho anglosajón, y los casos de racketeering ahora incluyen malas conductas corporativas, corrupción pública y otras actividades delictivas en curso. Es la empresa la que se constituye como centro de actividades de extorsión y chantaje (Kleemans, 2017; State of New Jersey Commission of Investigation, 2011; Transcrime, 2012; U.S. Department of Justice, 2016).
La figura 2.1 ilustra las diferencias en los tres enfoques sobre la penalización de la delincuencia organizada. La confabulación se enfoca en la planificación de los actos delictivos, la asociación delictiva se enfoca en la pertenencia a grupos delictivos, mientras que el racketeering se enfoca en empresas delictivas en curso.
El racketeering es una herramienta del sistema judicial penal para luchar contra las empresas que participan en actividades delictivas de manera regular, en lugar de solo acusar a las personas o grupos por actos ilegales específicos. Hace más de 80 años se observó que «el racketeering no puede existir sin protección» (Chamberlin, 1932). La tipificación de este delito apunta a eliminar algunas de las protecciones que rodean a las empresas delictivas exponiendo a los involucrados a penas más largas que aquellas que implican los delitos por sí mismos.
Además de los delitos de confabulación, asociación delictiva y racketeering, la responsabilidad necesita ser ampliada a las personas que proporcionan asesoramiento o asistencia para la comisión de los delitos graves que involucra la delincuencia organizada. Esta responsabilidad incluye específicamente a las personas que de manera intencional organizan, dirigen, ayudan, apoyan, facilitan o asesoran la comisión de un delito grave que involucra a un grupo delictivo organizado, como establece la Convención contra la Delincuencia Organizada. Estas disposiciones permiten el enjuiciamiento de líderes, cómplices, organizadores y coordinadores, así como de participantes de nivel inferior en la comisión de delitos graves. Ayudar, apoyar, facilitar o asesorar también abarca a las partes secundarias y cómplices que no son los mismos delincuentes principales.
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