Los impactos de las armas de fuego se pueden observar con mayor facilidad en los conflictos y en la incidencia de los delitos, por la magnitud de los homicidios y de otras muertes violentas, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, hay un conjunto de consecuencias menos visibles y, por ello, más complejas de medir, con frecuencia más duraderas y fundamentales de entender a fin de prevenir, reducir y eliminar la violencia relacionada con las armas de fuego.
El presente módulo a menudo emplea el término «adaptación a fines militares» para referirse a los efectos de mayor alcance de las armas de fuego en las sociedades y describir una situación en la que las armas de fuego son de fácil acceso dentro de un Estado o comunidad, o que están a disposición de los agentes que matarían, lesionarían e intimidarían a otros con fines políticos y delictivos
La mayoría de las campañas para reducir la violencia armada, que conllevaron a la adopción de instrumentos internacionales como, primero en el 2001, el Protocolo sobre armas de fuego y el Programa de Acción sobre las armas pequeñas (PoA), y luego en el 2014, el Tratado sobre el comercio de armas, compartían la preocupación común por el sufrimiento humano relacionado con la disponibilidad y el uso indebido de las armas de fuego y sus consecuencias mayores en el desarrollo y la sociedad. Esto es de cuando se produjeron los primeros datos y estudios ad hoc sobre el impacto de la violencia armada en el desarrollo económico, social, político y humano. En su publicación del 2003, el: Desarrollo negado el Small Arms Survey analizó con mayor detalle los vínculos entre la violencia armada y el desarrollo humano. La siguiente tabla (Tabla 1.13) muestra un panorama de las consecuencias directas e indirectas más visibles de los conflictos o de la violencia relacionada con los delitos de un Estado o comunidad.
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Direct effects |
Efectos directos |
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Indirect effects |
Efectos indirectos |
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Impacts on development |
Impactos en el desarrollo |
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Indicators |
Indicadores |
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Fatal and non-fatal injuries |
Lesiones mortales y no mortales |
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Lost productivity |
Pérdida de productividad |
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Personal costs of treatment and rehabilitation |
Costos personales del tratamiento y rehabilitación |
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Financial costs at household, community, municipal, and national levels |
Costos financieros a nivel municipal, nacional de la comunidad y los hogares |
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Psychological and psychosocial costs |
Costos psicológicos y psicosociales |
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Armed crime |
Delincuencia armada |
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Rates of reported crime (homicide) |
Tasa de delitos reportados (homicidio) |
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Community-derived indices of crime |
Tasas de delitos derivados de la comunidad |
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Insurance premiums |
Primas de seguro |
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Number and types of private security facilities |
Número y tipos de instalaciones de seguridad privadas |
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Access and quality social services |
Acceso y calidad de los servicios sociales |
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Incidence of attacks on health/education workers |
Incidencia de ataques contra trabajadores de la salud o educación |
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Incidence of attacks and closure of health/education clinics |
Frecuencia de los atentados y cierre de centros educativos o de salud |
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Vaccination and immunization coverage |
Cobertura de vacunación |
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Life expectancy and child mortality |
Esperanza de vida y mortalidad infantil |
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School enrolment rates |
Tasa de matriculación escolar |
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Economic activity |
Actividad económica |
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Transport and shipping costs |
Costos de transporte y envío |
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Destruction of physical infrastructure |
Destrucción de la infraestructura física |
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Price of local goods, and local terms of trade |
Precio de bienes locales y condiciones comerciales locales |
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Agricultural productivity and food security |
Productividad agrícola y seguridad alimentaria |
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Investment, savings, and revenue collection |
Inversión, patrimonio y recaudación de impuestos |
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Trends in local and foreign direct investment |
Tendencias de inversión directa local y extranjera |
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Internal sectoral investment patterns |
Modalidades de inversión internas y sectoriales |
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Trends in domestic revenue collection |
Tendencias en la recaudación de ingresos nacionales |
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Levels of domestic consumption and savings |
Niveles de consumo y ahorro nacionales |
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Social capital |
Capital social |
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Numbers of child soldiers recruited in action |
Números de niños soldados reclutados en acción |
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Membership of armed gangs and organized crime |
Representación de las pandillas armadas y la delincuencia organizada |
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Repeat armed criminality among minors |
Delincuencia armada repetitiva entre menores |
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Incidence of domestic violence involving firearms or the threat of weapons |
Incidencia de violencia en el hogar que implique armas de fuego o amenaza de armas |
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Respect for customary and traditional forms of authority |
Respeto por formas de autoridad tradicionales y habituales |
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Development interventions |
Intervenciones de desarrollo |
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Incidence of security threats |
Incidencia de amenaza a la seguridad |
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Costs of logistics and transportation |
Costos de logística y de transporte |
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Costs of security management |
Costos de gestión de la seguridad |
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Opportunity costs associated with insecure environments and/or damaged investments |
Costos de oportunidad relacionados con entornos inseguros o inversiones perjudicadas |
Desde entonces, las investigaciones en este campo se han desarrollado considerablemente, sobretodo en relación con los Objetivos de Desarrollo del Objetivos de Desarrollo del Milenio y, más recientemente, con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero el resumen anterior sobre el impacto en el desarrollo y los indicadores relevantes continúa siendo un punto válido y pertinente de partida a los efectos relacionados con la adquisición, transferencia y acumulación de armas de fuego en comunidades y sociedades. Mientras algunos de estos efectos se explican por sí solos, otros necesitan mayor explicación. Se tratará algunos de estos temas con mayor profundidad en el Módulo 10.
La relación entre las armas de fuego y los derechos humanos es compleja. Mientras las armas de fuego cumplen una función importante en las operaciones militares y de las fuerzas del orden para la protección de los derechos humanos y la seguridad, también se las utiliza con frecuencia para violar estos derechos.
En el 2015, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Alto Comisionado de los Derechos Humanos preparar un informe sobre las diferentes formas en que la adquisición, posesión y uso de las armas de fuego por parte de civiles fueran reguladas eficazmente, con el fin de evaluar la contribución de aquellas regulaciones a la protección de los derechos humanos, en especial del derecho de una persona a la vida y a la seguridad, y para identificar las mejores prácticas que podrían guiar a los Estados para continuar con el desarrollo de regulaciones nacionales relevantes (Resolución 29/10, UNHCHR, 2015). El informe se desarrolló con las contribuciones de los Estados, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, instituciones nacionales para los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, se basó en un cuestionario estándar (Asamblea General de la ONU, 2016) y se publicó en el 2016. El informe concluyó que:
Muchos Estados concuerdan en que las armas de fuego fueron el «principal medio» para las violaciones y abusos de los derechos humanos y que con frecuencia la disponibilidad y abundancia de las armas de fuego promueven la violencia.
El tráfico ilícito de armas de fuego y la violencia impactan de manera negativa la seguridad y el desarrollo y, por ende, puede amenazar directamente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, en especial del ODS 16, que consiste en: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Sin embargo, la cuestión de la relación entre las armas de fuego y los derechos humanos es más compleja y, con frecuencia, objeto de debate.
Estas perspectivas a veces polarizadas pueden ser ejemplificadas observando las posiciones de dos ONG muy conocidas y activas en este campo. Por un lado, se encuentra la posición tomada por Amnistía Internacional, según la cual la violencia armada infringe los derechos a la vida, la seguridad personal y la libertad de expresión, entre otras cosas.
«La violencia armada es una cuestión mundial de derechos humanos.
La violencia armada puede llevar a la violación del más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la vida. Los países tienen la obligación de proteger a las personas de la violencia armada tomando medidas para combatir las amenazas reales o previsibles a la vida. La violencia armada impacta en otros derechos humanos al crear una cultura en la que las personas no se sienten seguras y se les niega el derecho a la seguridad personal. A su vez, este miedo puede perjudicar los derechos a libertad de expresión y reunión pacífica. Cuando la violencia armada persistente asola las comunidades, los servicios básicos como la salud y la educación pueden verse afectados». [cita traducida] (Amnistía Internacional, s. f.)
Por otro lado, hay grupos de presión y campañas, como la United Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos (NRA), que considera que poseer y tener cerca un arma debería ser un derecho constitucional basado en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y que demanda su derecho de legítima defensa como un derecho humano básico. Sin embargo, la posición controversial de la NRA ha sido objeto de múltiples debates en cuanto quiénes son los verdaderos defensores de la Segunda Enmienda y la función que la NRA tuvo en la modificación de la legislación de las armas de fuego. El debate, limitado en gran medida a un país en particular (los Estados Unidos), sobre en qué medida el derecho de legítima defensa es un derecho constitucional y si ello automáticamente lo posiciona al nivel de un derecho humano fundamental es muy cuestionable. La complejidad de este debate involucra cuestiones mayores sobre el monopolio (y la obligación) del Estado de usar legítimamente la fuerza y las armas de fuego para proteger a sus ciudadanos, contra el derecho de los ciudadanos de poseer y utilizar armas por cuestiones de legítima defensa y «hacer justicia por sus propias manos», lo que trasciende el alcance de esta serie de módulos y no puede ser abordado por completo aquí.
Independientemente de lo anterior, existe una aceptación general de la obligación de todos los Estados de adoptar medidas y legislación nacionales, como sea necesario, para regular y controlar las armas de fuego y el uso de la fuerza armada, lo que incluye el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas policiales, en línea con el pleno respeto de los instrumentos y estándares internacionales de los derechos humanos.
La cuestión del tráfico y uso indebido de las armas de fuego tiene diferentes ángulos y aspectos, y también tiene una importante perspectiva sobre el género. Uno de estos aspectos guarda relación con el hecho de cómo la violencia relacionada con las armas de fuego impacta en el género:
Los asesinatos, en los que se incluyen los homicidios con armas de fuego, afectan de manera diferente a los hombres y mujeres. Según el Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC, «hay un sesgo regional y de género hacia las víctimas masculinas en los homicidios vinculados a la delincuencia organizada y las pandillas, pero el homicidio interpersonal cometido por un compañero íntimo o un familiar está distribuido mucho más equitativamente de región a región y es notable que, en promedio, se encuentre estable a nivel mundial». [cita traducida] (UNODC, 2013:
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Global |
Mundial |
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Africa |
África |
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Americas |
América |
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Asia |
Asia |
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Europe |
Europa |
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Oceania |
Oceanía |
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Rate per 100,000 population |
Tasa por cada 100.000 personas |
De acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC, las armas de fuego se utilizan en menor medida en contra de mujeres que de hombres. En promedio, menos de un tercio de los homicidios con víctimas femeninas se comete con armas de fuego. Con frecuencia, las armas de fuego se muestran como un medio para intimidar, amenazar y coaccionar a las mujeres. Sin embargo, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcional por homicidios cometidos por compañeros íntimos y familiares: a nivel mundial, dos tercios de las víctimas de este tipo de homicidio son mujeres (43 600 en el 2012) y un tercio (20 000) son hombres. Casi la mitad (47 %) de todas las víctimas femeninas de homicidios en el 2012 fueron asesinadas por sus compañeros íntimos o por familiares, en comparación con los homicidios con víctimas masculinas que son menos del 6 %. Por consiguiente, también la presencia de armas de fuego en el hogar puede incrementar el riesgo de que la violencia doméstica escale a homicidio, o que las armas de fuego se utilicen para cometer suicidio. Para más información, consulte el Módulo 9 "Violencia contra las Mujeres» de la Serie Universitaria sobre la Prevención del Delito y la Justicia Penal y el Estudio mundial sobre el homicidio - Asesinato de mujeres y niñas por razones de género de la UNODC.
El homicidio también afecta a la juventud en niveles desproporcionadamente altos. A nivel mundial, los grupos etarios de entre 15 y 29 años y de entre 30 y 44 años representan la gran mayoría de los homicidios. En América del Sur y América Central, la tasa de homicidio de víctimas masculinas entre los 15 y 29 años es más de cuatro veces la tasa del promedio mundial para ese mismo grupo etario. De acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio de la UNODC del 2013, más de la mitad de todas las víctimas mundiales de homicidios tienen menos de 30 años de edad.
Una dimensión con frecuencia subestimada del impacto de la violencia armada se relaciona con los centros de salud, así como con el personal que trabaja en dicho ámbito.
En todo el mundo, la violencia armada genera mayores situaciones de emergencia y necesita del despliegue de los profesionales de la salud en las áreas afectadas por los elevados niveles de violencia armada. Un ejemplo claro del efecto de los elevados niveles de violencia con armas de fuego en los sistemas de salud se encuentra en el incremento de sus costos, ya que se requiere de mayores recursos humanos y económicos para afrontar las emergencias médicas y sus consecuencias a largo plazo podrían incluir, evidentemente, el deterioro del sistema de salud del país como un todo. Los países en desarrollo con sistemas de salud menos sólidos se encuentran particularmente expuestos al riesgo de ver el colapso de su sistema ante el incremento repentino de la violencia armada.
Sin embargo, el efecto de la violencia con armas de fuego en los profesionales de la salud es más complejo: Estos trabajadores enfrentan muchos desafíos, en los que se incluyen las exigencias abrumadoras; los recursos insuficientes; la continua inseguridad; la falta de capacitación, de suministros y de medicamentos; el aumento de la ansiedad y del miedo por parte de los pacientes y las familias; el acceso limitado; los obstáculos burocráticos; el estrés y el agotamiento. Bergen y Fisher (2003) se refieren al impacto emocional de estos acontecimientos traumáticos en los profesionales de la salud como un trauma secundario, que desempeña una función importante en la salud física y mental del personal. Para aquellos que trabajan en regiones donde las lesiones causadas por armas de fuego son relativamente infrecuentes, los tiroteos en masa, como los atentados en París, requieren que el personal médico adopte prácticas afines a las empleadas en los conflictos militares, pero estos no necesariamente cuentan con la capacitación adecuada. Esto coloca una presión enorme en los profesionales de la salud (CBC News, 2015).
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2014-2015 Attacks on Health Care in Emergencies |
2014 a 2015 Ataques contra la atención sanitaria en emergencias |
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Countries and Territories (n = 19) and Attacks (n = 594) |
Países y territorios (n = 19) y ataques (n = 594) |
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(number and percentage of total) |
(número y porcentaje del total) |
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Syrian Arab Republic |
República Árabe Siria |
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West Bank and Gaza Strip |
Ribera Occidental y Franja de Gaza |
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Iraq |
Irak |
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Pakistan |
Pakistán |
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Libya |
Libia |
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Ukraine |
Ucrania |
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Central African Republic |
República Centroafricana |
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Yemen |
Yemen |
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Sudan |
Sudán |
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Afghanistan |
Afganistán |
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South Sudan |
Sudán del Sur |
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Guinea |
Guinea |
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Democratic Republic of the Congo |
República Democrática del Congo |
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Nigeria |
Nigeria |
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Colombia |
Colombia |
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Somalia |
Somalia |
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Liberia |
Liberia |
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Sierra Leone |
Sierra Leona |
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Myanmar |
Myanmar |
De acuerdo con Bergen y Fisher (2003), el trauma primario ocurre cuando los mismos profesionales de la salud son las víctimas de ataques violentos. En un informe de la OMS del 2016, se reunió información sobre los ataques, los cuales se definieron como «cualquier acto de violencia verbal o física o la obstrucción o amenaza de violencia que interfiera con la disponibilidad, acceso y provisión de servicios de salud curativos o preventivos durante las emergencias. Los países que se incluyen en este informe son aquellos que enfrentan emergencias graves o prolongadas con consecuencias sobre la salud, causadas por cualquier tipo de peligro» [cita traducida] (OMS, 2016). El informe de la OMS sugiere que, en este periodo de dos años, hubo 959 muertes y 1 561 lesiones por ataques documentados contra los profesionales de la salud. Las estadísticas no diferencian los tipos de ataques, ya sea que se cometieran con armas de fuego o con otros medios, pero revelan una dimensión de la violencia armada que no siempre se visualiza de manera suficiente.
La disponibilidad y el uso delictivo de las armas de fuego tiene un claro impacto en la seguridad ciudadana. Como se vio anteriormente, las armas de fuego son un propiciador y factor agravante importante para muchas formas de delitos. El fácil acceso y disponibilidad de las armas de fuego tiende a incrementar los riesgos de que los conflictos interpersonales degeneren en un encuentro letal ante la presencia de armas de fuego. La violencia doméstica, los delitos contra la propiedad y varios conflictos menores tienden a agravarse y a producir daños serios si al menos una de las partes involucradas tiene acceso a un arma de fuego. El uso de las armas de fuego en situaciones de conflicto interpersonal incrementará no solo la gravedad del daño, sino también el número de víctimas, en comparación con situaciones que incluyen armas cuerpo a cuerpo.
No es una sorpresa que los países afectados por altos niveles de delitos y violencia también suelan enfrentar desafíos por la proliferación descontrolada y el tráfico de armas de fuego, y que la mayor parte de las armas de fuego utilizadas en delitos sea de origen ilícito, lo que significa que no fueron utilizadas por sus dueños legítimos, sino que fueron extraviadas, robadas o traficadas ilícitamente y vendidas en el mercado negro a grupos terroristas y delictivos.
A pesar de que muchos países en el mundo han adoptado medidas para controlar la fabricación, asegurar las existencias y regular la posesión, el traslado y las transferencias legales de las armas de fuego, los marcos normativos débiles y los vacíos legislativos continúan siendo un problema importante en muchas partes del mundo (consulte el Módulo 6: Las Regulaciones Nacionales sobre Armas de Fuego). Según el marco jurídico adoptado y su capacidad de ejecución real, será más o menos difícil para los delincuentes tener acceso a las armas de fuego en el mercado legal. Será más probable que los delincuentes que busquen adquirir armas de fuego en países con regímenes reguladores sólidos y buenas prácticas de ejecución tengan que buscarlas mediante otros medios ilícitos, como los robos (por ejemplo, de entidades del Estado, casas de civiles o de compañías de seguridad privada); la fabricación, conversión o tráfico ilícitos desde otros países con leyes más flexibles en cuanto a la posesión; la acumulación de excedentes no controlada o un sistema de control de fabricación ineficaz (consulte el Módulo 4: sobre El Mercado Ilícito de las Armas de Fuego).
El resultado es un incremento en la circulación y uso de las armas de fuego adquiridas de manera ilícita en los delitos domésticos, en especial de pandillas y de otros grupos armados. En algunos países, la situación de la proliferación y el tráfico descontrolados de armas de fuego en las sociedades puede llevar a que los delincuentes tengan a disposición armas más capaces y letales que los efectivos de seguridad internos de la comunidad o del Estado (consulte el Módulo 7, Armas de Fuego, Terrorismo y Delincuencia Organizada). Una consecuencia de esta adaptación a fines militares de las sociedades puede ser profunda y de largo alcance. Ejemplo de su impacto a largo plazo es el aumento de la presencia, en muchos países, de las armas de fuego también en delitos domésticos y comunes, que tradicionalmente no están ligados a las armas de fuego.
Las estadísticas nacionales sobre delitos pueden proporcionar información útil sobre el uso de las armas de fuego en diferentes tipos de delitos. A nivel mundial, la UNODC, mediante su Estadística de tendencias delictivas (CTS), regularmente reúne datos sobre delitos de los Estados miembro, que incluye información sobre el uso de las armas de fuego en los delitos. Sin embargo, los datos en este aspecto de los delitos con armas continúan siendo inconsistentes y difíciles de obtener en todas las regiones del mundo. Los estudios regionales o subregionales son difíciles de encontrar, precisamente por la falta general de información comparable en este campo, con frecuencia también dentro de la misma subregión.
El reciente informe financiado por la UE y realizado por EFFECT (Examining Firearms and Forensics across Territories) estableció que «en la actualidad, no es posible determinar el verdadero alcance de los delitos propiciados con armas en Europa, ya que los “delitos propiciados con armas” no son una categoría identificada de delito notificable por obligación, ni se les define de forma consistente en la legislación. Los países no registran consistentemente la presencia de un arma de fuego cuando se comete o registra un delito» (Bowen y Poole, 2016). (El Módulo 11 abordará con mayor profundidad las investigaciones relacionadas con empresas).
Un estudio reciente sobre el mercado ilícito de armas y la adquisición ilícita de armas de fuego por parte de redes de terroristas en Europa, realizado por el Proyecto SAFTE del 2018, encontró datos para respaldar el hecho de que existe un número de armas cada vez mayor en el mercado ilícito en Europa, ya que hay una menor incautación de armas de fuego que robos de armas de fuego. Este incremento de la oferta implica que hay más armas a disposición de delincuentes y terroristas en el mercado negro, lo que hace más fácil que las adquieran. En estas circunstancias, es lógico asumir que este hecho dará pie a que exista una mayor demanda, particularmente entre las pandillas, pues la necesidad de tener un arma de fuego para poder defenderse contra otras pandillas y delincuentes rivales se incrementa. Esta situación podría dar lugar a una carrera urbana de armamentos y al posterior incremento de muertes y lesiones (Duquet, 2018) ( Duquet and Goris, 2018).
Las armas de fuego traficadas y adquiridas de forma ilícita y su uso delictivo son sumamente relevantes en materia de delincuencia organizada, escenario en el que las armas de fuego se usan tanto como un recurso para obtener, mantener e incrementar el poder de estos grupos y facilitar la comisión de delitos, como a manera de mercancía de tráfico lucrativa, que en ocasiones se intercambia por otros bienes ilícitos, como drogas ilícitas, metales preciosos o bienes culturales saqueados o traficados ilícitamente. El tráfico ilícito es la quintaesencia de gran parte de las actividades de la delincuencia organizada y las armas de fuego por lo general son las protagonistas.
Los grupos delictivos organizados necesitan de las armas de fuego para cumplir sus objetivos de ganar poder y mantenerlo y usarlo para obtener riquezas. El mismo concepto aplica tanto para referimos a una pandilla callejera o un grupo delictivo que controla una zona de influencia a nivel urbano, regional o incluso nacional. Ganar poder, literalmente, significa ir a la guerra con oponentes que tienen los mismos objetivos. En algunas zonas urbanas, por ejemplo en América Central, los miembros de pandillas tienen fácil acceso a armas de fuego ilícitas provenientes de existencias no garantizadas y provenientes del tráfico en la región, muchas veces vinculadas al comercio de drogas ilícitas en la misma región. Como son organizaciones delictivas, sus miembros a menudo están involucrados y conectados a un amplio abanico de redes ilícitas de todo tipo (por ejemplo, drogas, extorsiones, trata de personas, etc.). En este sentido, su demanda de armas es considerable y relativamente constante.
Las consecuencias de esta demanda pueden ser vistas en todo el mundo. La demanda de armas tiene un impacto directo en el desarrollo. Durante una conferencia que se llevó a cabo África en el 2017, funcionarios africanos manifestaron que «Las armas ilícitas intensifican el conflicto y facilitan la delincuencia organizada. Incluso cuando no ocurren de forma paralela, el tráfico de armas incita a la delincuencia como el tráfico de drogas, trata de personas, minería y pesca ilegal, comercio de especies silvestres y robo de petróleo» [cita traducida] (ENACT, 2017: 1). Estas cuestiones se detallan en el Módulo 7: Armas de Fuego, Terrorismo y Delincuencia Organizada y se abordan completamente en la Serie de Módulos sobre Delincuencia Organizada.
La disponibilidad y acceso ilícito a las armas, incluso a armas de fuego, y su uso delictivo es motivo de especial preocupación en materia de terrorismo, donde el uso de armas de fuego contribuye al incremento del poder destructivo e intimidación de estos grupos y, por ende, de su impacto en la paz y la protección y seguridad de los ciudadanos.
El estudio del Flemish Institute (Instituto Flamenco), citado líneas arriba, "Adquisición de armas de fuego por parte de terroristas en Europa", señala que los terroristas en Europa han incrementado su uso de armas de fuego o APAL en conjunto con explosivos y otros dispositivos. Estos hallazgos no son exclusivos de una región y, efectivamente un estudio reciente los ratifica, demostrando que las armas de fuego son las herramientas que causan la mayor cantidad de muertes en atentados terroristaslos ratifica, demostrando que las armas de fuego son las herramientas que causan la mayor cantidad de muertes en atentados terroristas).
Varios casos anecdóticos de diferentes partes del mundo dan a conocer cómo el uso de armas de fuego en atentados terroristas está en auge. Muchos de los atentados terroristas más recientes que fueron perpetrados en los últimos tres años en países africanos como Burkina Faso, Kenia, Mali, Níger y Nigeria, por mencionar algunos, se realizaron con armas de fuego, específicamente con rifles automáticos y artefactos explosivos improvisados (AEI). Se han encontrado tendencias similares en países menos propensos a atentados terroristas. Una carta de investigación publicada por la revista JAMA Internal Medicine compara tanto el porcentaje de atentados terroristas cometidos con armas de fuego en los Estados Unidos con el porcentaje de otros países de ingresos altos, como la letalidad de los ataques perpetrados con armas de fuego con los perpetrados con otros medios. De los casi 3 000 incidentes en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda entre el 2002 y el 2016, el 9.2 % se perpetró con armas de fuego; casi la mitad con explosivos y más de la tercera parte con dispositivos incendiarios. Sin embargo, a pesar de que las armas de fuego sean el modus operandi de menos del 10 % de los incidentes, estas son responsables de la mitad de muertes, es decir 566, aproximadamente el 55 % (Red JAMA, 2017). Los datos sobre las muertes a causa de ataques terroristas se muestran en la Figura 1.9.
| Firearm | Arma de fuego |
| Vehicle or melee | Vehículo o armas de cuerpo a cuerpo |
| Explosion | Explosión |
| Biological or chemical | Biológico o químico |
| Incendiary | Incendiario |
| Fatalities, No. | Número de decesos |
| A. Proportion of attacks in the upper 75th percentile of total attacks. | A. Proporción de ataques en el percentil 75 superior del total de ataques. |
| B. Fatalities from all attacks. All data are from the Global Terrorism Database. | B. Total de decesos. Todos los datos le pertenecen al Global Terrorism Database. |
Los atentados terroristas en Europa también revelan cuán importante son las armas de fuego para los terroristas. Este fue el centro de atención del informe en el 2018 del Proyecto SAFTE 2018 que afirma que en el contexto europeo.
«...las armas de fuego se han convertido en las armas más usadas por los terroristas en Europa. La mayoría de los terroristas adquieren estas armas de fuego en el mercado ilícito de armas. A pesar de esta observación, se conoce poco sobre las redes que los terroristas usan para adquirir armas de fuego, lo que es parte de un problema mayor de escasez de información e investigación exhaustiva sobre el tráfico ilícito de armas de fuego en Europa» [cita traducida] ( Duquet et al, 2018).
Estas cuestiones se abordarán a fondo en el Módulo 7, Armas de Fuego, Terrorismo y Delincuencia Organizada.
En muchos localidades y regiones en todo el mundo, se invierte más recursos en seguridad privada que en desarrollo. Esto, entre otros factores, es el resultado del miedo y violencia producidos por el uso indebido de armas de fuego y la creciente violencia resultante. La seguridad humana significa sobre todo vivir sin temor. En regiones en las que las fuerzas de seguridad gubernamental carecen de la capacidad o legitimidad para brindar seguridad, se suele llenar este vacío con empresas de seguridad privada. La Figura 1.10, extraída de un informe periodístico del Guardian del Reino Unido, muestra que en la actualidad el gasto total en seguridad privada supera el producto interno bruto (PIB) de muchos países europeos, y se espera que aumente hasta más de USD 200 000 millones para el 2020.
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Global spending on private security compared to global aid budget to end poverty and national GDPS, $bn |
Gasto mundial en seguridad privada en comparación con el presupuesto mundial de ayuda para luchar contra la pobreza y los PIB nacionales, miles de millones de dólares |
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Private security 2016 |
Seguridad privada en 2016 |
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Private security 2020 |
Seguridad privada en 2020 |
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Foreign aid 2016 |
Ayuda del exterior en 2016 |
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Portugal GDP |
PIB de Portugal |
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Romania GDP |
PIB de Rumanía |
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Hungary GDP |
PIB de Hungría |
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Guardian graphic |
Gráfico de The Guardian |
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Source: Freedonia 2017; OECD 2017; World Bank 2017 |
Fuente: Freedonia 2017; OCDE 2017; Banco Mundial 2017 |
Más de 40 países, incluidos los Estados Unidos, China, Canadá, Australia y el Reino Unido, tienen más personas contratadas para proteger lugares, cosas y personas específicas que policías con la orden de proteger al público en general, según estos datos. En Gran Bretaña, se contrataron 232 000 guardias privados en el 2015 frente a 151 000 policías. «El mercado mundial de servicios de seguridad privada, que incluye la protección, vigilancia y transporte armado privado, tiene un valor estimado de USD 180 000 millones (140 000 millones de libras), y se espera que crezca hasta USD 240 000 millones de para el 2020.Esto supera por mucho al total del presupuesto de ayuda internacional para poner fin a la pobreza (USD 140 000 millones al año), y el PIB de más de 100 países, incluidos Hungría y Marruecos (Guardian, 2017). Esto ayuda a promover las desigualdades en todo el mundo, ya que dichas sociedades, comunidades y personas que pueden costear los gastos de seguridad privada contribuyen al desplazamiento de actividades ilícitas hacia comunidades y personas menos seguras.
Recurrir a servicios de seguridad privada también suele ser el resultado de los altos índices de delincuencia e inseguridad y de la presencia de grupos delictivos organizados, quienes infunden una creciente sensación de miedo e inseguridad entre las comunidades y una pérdida de confianza en la capacidad del Estado para protegerlos. En varios países, se han establecido grupos de autodefensa en las últimas décadas en respuesta a la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos o para ejercer un control total sobre parte de su territorio. Si no son reguladas y controladas adecuadamente, estas empresas de seguridad privada corren el riesgo de involucrarse ellas mismas en actividades delictivas. En varias instancias, por ejemplo, algunos de estos grupos se desarrollaron como organizaciones cívicas paralelas y se convirtieron en organizaciones delictivas, como ha sido el caso de la mafia siciliana que en un principio era una organización informal de ciudadanos que buscaban protegerse a sí mismos ante la falta de reacción del Estado («Los sicilianos se agruparon para protegerse a sí mismos [de una larga lista de invasores extranjeros] y para hacer justicia por sí mismos. En Sicilia, el término mafioso, o miembro de la mafia, al principio no tenía connotaciones delictivas y se usaba para referirse a una persona que era suspicaz ante la autoridad central» [cita traducida]. En otros casos, el Estado creó grupos de autodefensa con el fin de hacer frente a las amenazas crecientes e inminentes, como la conocida CONVIVIR en Colombia, que se creó en 1994 por decreto gubernamental para apoyar a las comunidades rurales de propietarios ante la creciente actividad de las guerrillas y los grupos de traficantes de drogas. En solo pocos años, muchos de estos grupos empezaron a cometer abusos contra los civiles, se involucraron en actividades de lucha contra la insurgencia y entablaron lazos cercanos con grupos paramilitares. En 1997, la Corte Constitucional de Colombia sostuvo que los miembros de la CONVIVIR no podían reunir información de inteligencia y tampoco podían usar armas de uso militar. Otras restricciones incluyeron un incremento de la supervisión legal y, a comienzos de 1998, se les revocó la licencia a docenas de grupos antiguos de la CONVIVIR porque no devolvieron sus armas y ocultaron información sobre su personal. Como resultado, muchos de estos grupos se disolvieron y entregaron sus armas, y muchos otros se unieron a los ya existentes grupos paramilitares, como el de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El incremento del miedo e inseguridad producido por los grupos delictivos puede, en última instancia, conducir a niveles elevados de migración y desplazamiento interno (forzados). Un ejemplo de ello es el violento Triángulo Norte de Centroamérica (CFR).
Otro posible efecto del aumento de seguridad privada es el bajo control en cuanto a la adquisición de armas para las empresas. A menudo, no existen mecanismos estatales para controlar dichas adquisiciones e importaciones y las empresas hacen sus propios arreglos con los proveedores. Esto ocasiona una falta de rendición de cuentas y muchas veces estas armas terminan en manos ilícitas.
El aumento de servicios de seguridad privada y la ampliación del alcance de sus actividades en muchos países requiere de mecanismos apropiados para la regulación y supervisión con el fin de asegurar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales y prevenir actividades ilícitas. Por lo general, el control que ejerce el Estado sobre la regulación de las empresas de seguridad privada es nula o insuficiente, con lo que se corre el riesgo de crear graves vacíos legales y medios para el desvío ilícito de armas. Las regulaciones pueden variar de manera considerable, pues van desde una mediana regulación de las actividades de estas empresas hasta su prohibición total, como en Bolivia. En algunos países, estas empresas no pueden portar armas de fuego, mientras que en otros sí lo tienen permitido y el Estado otorga licencias para que los empleados de las empresas porten armas de fuego.
De momento, no existe ningún instrumento, regla o norma específica de las Naciones Unidas que trate específicamente sobre los servicios de seguridad privada civil. Sin embargo, en su Manual introductorio sobre la regulación por el Estado de los servicios de seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y la seguridad de la comunidad (UNODC 2014), la UNODC ha identificado una amplia variedad de normas relevantes y aplicables al sector de seguridad, y que se pueden usar como una herramienta de guía para fortalecer la regulación y el control sobre las empresas de seguridad privada por parte del Estado, por ejemplo, las normas relacionadas con la responsabilidad del Estado de prevenir el delito, proteger los derechos humanos y regular el uso de la fuerza y la privación de la libertad, así como las referentes a la relación existente entre el sector privado y los derechos humanos y la protección de los derechos del trabajador. El estudio recomienda que las cuestiones delicadas, como si los trabajadores del sector de seguridad privada deberían tener facultades especiales o el derecho a portar armas, deberían estar expresamente previstas y reglamentadas según la ley. La legislación también debería especificar las esferas en las que las entidades de seguridad privada no tienen competencia para actuar. La piedra angular de un sistema eficaz de regulación es un mecanismo de concesión de licencias a los agentes y los proveedores de estos servicios. La mejor práctica aceptada consiste en exigir licencias a ambos, de modo que resulte posible elevar los estándares tanto de las empresas como de los portadores particulares de licencias. En esta práctica también se incluyen las licencias necesarias para las armas de fuego, en caso de que estas empresas tengan permitido poseerlas y portarlas.
Según el estudio de la UNODC, la experiencia demuestra que los servicios de seguridad privada civil pueden ofrecer a los Estados un recurso que, debidamente regulado, puede contribuir apreciablemente a la reducción de la delincuencia y al mejoramiento de la seguridad de la comunidad, en particular mediante la colaboración y el intercambio de información con la policía pública. Los códigos de conducta profesionales y las leyes deberán dirigir y controlar el intercambio de información entre los responsables de la seguridad pública y la privada. (UNODC, 2014).
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