En setiembre de 2006, Estados Unidos adoptó la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. En la resolución en la que se adopta la estrategia, los miembros de las Naciones Unidas decidieron«[c]ondenar, de manera sistemática, inequívoca y firme, el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales» (United Nations Office of Counter-Terrorism, 2006).
El terrorismo ha sido una amenaza nacional por muchas décadas, pero desde los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos hubo interés e investigaciones más profundas sobre este tema. Aunque estos atentados no involucraron armas de fuego, muchos de los atentados más recientes (por ejemplo, el atentado a hoteles en Bombay de 2008, el atentado de Susa en 2015 en Túnez, el atentado contra Charlie Hebdo en París y el atentado a Estambul de 2017) dependieron en gran parte, o por completo, del uso de dichas armas.
Entonces, no es sorprendente que INTERPOL (2018) identifique el tráfico ilícito de armas de fuego como un área de preocupación y resalte que grupos terroristas usan armas de fuego traficadas.
Esta sección del módulo se centra en el uso de armas de fuego por terroristas y sus vínculos al tráfico de armas de fuego. Solo aborda tangencialmente los problemas de las definiciones de terrorismo, dado que esto se discute en la serie de módulos sobre la lucha contra el terrorismo. En cambio, el eje de este módulo es la demanda de armas de fuego como herramientas para que grupos terroristas realicen atentados y como bienes de intercambio con otras organizaciones.
Como se discutió en la serie de módulos sobre la lucha contra el terrorismo, uno de los problemas más desafiantes sobre temas vinculados al terrorismo es la falta de una definición consensuada y universal sobre qué constituye terrorismo. Si bien todos los Estados miembros de la ONU adoptaron por consenso la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo de 2006, es potestad de la prerrogativa de los Estados miembros si es necesario definir y cómo definir el término terrorismo. En la práctica, se puede encontrar definiciones de terrorismo en muchos sistemas legislativos nacionales y en estudios académicos, aunque estos difieren entre sí, lo que supone un obstáculo en la forma en que los Estados pueden cooperar en la investigación, seguimiento y sentencia de delitos vinculados con el terrorismo.
El Módulo 4 de la serie de módulos sobre la lucha contra el terrorismo contiene un análisis más profundo de las complejidades e implicaciones relacionadas con la ausencia de una definición consensuada y universal de terrorismo.
Para efectos de este módulo, cabe señalar que a pesar de la falta de una definición universal de terrorismo en el marco de la ONU, 19 instrumentos sobre la lucha contra el terrorismo proveen una guía que establece los elementos de delitos específicos (por ejemplo, secuestro de aeronaves, atentados con explosivos, toma de rehenes) que se considera constituyen actos terroristas. Inclusive, el artículo 2 del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 (Naciones Unidas, 1999) estipula que los actos que conciernan a aquellos instrumentos anexados en el Convenio o a cualquier otro acto que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no es parte de las hostilidades en una situación de conflicto armado (cuando el propósito de dichos actos, por la naturaleza de su contexto, es intimidar a la población o para obligar a un gobierno u organización internacional a hacer o abstenerse de hacer algo) debe ser criminalizado por los Estados miembros como financiación del terrorismo. Sin embargo, ninguno de estos 19 instrumentos trata de manera específica actos de terrorismo cometidos con armas de fuego/APAL.
Es interesante, sin embargo, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se refiere de manera explícita en su párrafo preambular 6 a la posibilidad de aplicar esta misma Convención para luchar contra el terrorismo al exhortar a los Estados «a que reconozcan los vínculos existentes entre las actividades de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, y a que apliquen la Convención [...] para combatir las actividades delictivas en todas sus formas, conforme a lo dispuesto en dicha Convención» (UNODC, 2004, pág. 3).
De acuerdo con la Resolución UNSCR 1267 y a resoluciones posteriores, el Consejo de Seguridad de la ONU ha designado a ciertos individuos y grupos asociados a Al Qaeda, a elementos del Talibán (considerados como una amenaza contra la paz y seguridad de Afganistán), al Estado islámico de Iraq y a EIIL (Dáesh) y frente Al Nusrah como sujetos de embargos de armas y viajes y a sanciones financieras (congelación de activos) impuestas por el Consejo de Seguridad. Estas sanciones (en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas) deben ser avaladas por todos los Estados miembros de la ONU.
Lo que es aparente, sin embargo, es que a pesar de estos intentos legislativos de establecer definiciones, la falta de claridad en las diferencias entre los términos «terrorismo/grupos terroristas» y «delincuencia organizada/grupos delictivos organizados» se complica aún más por el hecho de que a menudo hay correlación en los objetivos escogidos y tácticas usadas por estos. Por ejemplo, el uso de la fuerza para propósitos políticos es un tema recurrente en definiciones académicas de terrorismo, pero también forma parte del modus operandi de los grupos delictivos organizados. El asesinato del diputado italiano Pio La Torre en 1982 cometido por la mafia siciliana, y del ministro de justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla en 1984 por el Cártel de Medellín ilustran este punto. Ambos crímenes tenían motivaciones políticas pero ninguno fue considerado un acto terrorista ni se consideró a los perpetradores como un grupo terrorista.
Las diferencias se hacen más claras en la demanda y acceso a armas de fuego, en particular al nivel de organizaciones/grupos terroristas. Mientras que terroristas que actúan como los lobos solitarios suelen adquirir armas de fuego para realizar atentados individuales, ya sea por medios legales o ilícitos, los grupos y comandos terroristas suelen adquirirlas de forma ilícitos. Por lo general, los grupos terroristas (organizaciones terroristas, insurgentes y grupos armados) adquieren armas de fuego a través de operaciones de tráfico a gran escala o, en algunos casos, por medio de fabricación ilícita. Este módulo retomará estos temas con mayor detalle en la siguiente sección.
El hecho de que los grupos terroristas usan armas de fuego es indiscutible. Eventos recientes han mostrado, sin embargo, que dichos grupos no dependen por completo de este tipo de armas y son lo suficientemente capaces de aprovechar objetos que no están bien regulados y son fáciles de adquirir. El creciente número de atentados que utilizan vehículos en contra de peatones (por ejemplo: Manhattan, Estados Unidos; Barcelona, España; Londres, Reino Unido; Estocolmo, Suecia; Niza, Francia) o el uso de materiales explosivos fabricados por cuenta propia (Boston, Estados Unidos; Colombo, Sri Lanka; Bombay, India) son ejemplos de esto. Aunque tal adaptabilidad y flexibilidad debe considerarse, esta sección se centrará de manera específica en la demanda de armas de fuego que tienen los grupos terroristas.
Los grupos terroristas usan sobre todo armas de fuego por razones defensivas y ofensivas. La mayor parte de la literatura no apoya la idea de que grupos terroristas estén involucrados en la venta de armas a otros grupos; sino que ellos constituyen más bien la red de compradores de armas, obtenidas con frecuencia de grupos delictivos organizados (como se desarrolló en la Sección 5 de este módulo). Tessler et al. (2017) informan que en los países en los que se realizó su estudio (principalmente Estados Unidos, Canadá, países europeos, Australia y Nueva Zelanda), las armas de fuego fueron el tercer método de ataque más usado (luego de explosivos y artefactos incendiarios). Sin embargo, luego indican que «aunque se usaron armas de fuego en menos del 10% de atentados terroristas entre 2002 y 2016 en los países “occidentales” examinados, fueron el motivo del 55% de las muertes» (Tessler et al., 2017, E3). Un estudio anterior de largo plazo del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START, 2015) mostró un patrón similar del uso de armas de fuego —por lo general del 50%, pero con consecuencias mortales mayores.
Feltes, (2016, Sección 3) se centró específicamente en grupos inspirados por o afiliados a Al Qaeda y reportó que «las tecnologías de artefactos explosivos improvisados y simples y armas de fuego parecían ser las armas de preferencia de dichos grupos».
Las demandas más grandes de armas de fuego provienen de grupos de terroristas que se centran en el control territorial y político. Al Qaeda, ISIS/EIIL, Boko Haram, Ansar al-Sharia o Abu Sayyaf son solo algunos ejemplos de grupos terroristas que requieren grandes suministros de armas de fuego y municiones para poder obtener y mantener el control sobre territorios. Asimismo, diversos grupos insurgentes han sido clasificados como grupos terroristas a nivel nacional o internacional y forman parte de la lista de grupos que más demandan armas de fuego ilícitas. A diferencia de los grupos delictivos organizados, quienes comercializan cantidades pequeñas, la demanda de armas de los terroristas es especializada, y comprende una gran variedad de armas y municiones. Esta demanda es la que fomenta de verdad el tráfico a gran escala de armas de fuego.
La evidencia recopilada por Conflict Armament Research (2014) mostró que el Estado Islámico usa armas de fuego y municiones fabricadas en al menos 21 países diferentes, entre ellos China, Rusia y Estados Unidos. Es evidente que trasladar esta gran cantidad de armas de fuego y munición solo se puede lograr mediante un plan de tráfico elaborado que use intermediarios y rutas seguras, lo que fortalece la suposición de que los grandes grupos terroristas obtienen armas mediante el tráfico a gran escala.
Una alternativa es la fabricación de armas de fuego en talleres controlados por grupos terroristas o insurgentes. Desde Asia hasta América, la fabricación es una fuente de armas de fuego, pero solo es complementaria al tráfico, dado que con la fabricación artesanal no puede satisfacer la demanda en materia de cantidad y calidad.
Nesser y Stenersen(2014)identificaron 17 planes terroristas con armas de fuego en Europa entre 1994 y 2013 (la mayoría influenciados por Al Qaeda) y Global Terrorism Database (GTD) indica que las armas de fuego son el segundo recurso más popular de la red global de Al Qaeda —presentes en 692 atentados y planes de un total de 1909 incidentes relacionados con Al Qaeda a nivel global (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, 2018).
Como se puede observar en la Figura 7.7, las armas de fuego representan uno de los métodos principales para la comisión de atentados terroristas. Ya sea que lobos solitarios o comandos terroristas realicen los atentados, el uso de armas de fuego garantiza el control de un número grande de rehenes.
Los grupos terroristas utilizan armas de fuego como medio para realizar el atentado principal. Por ejemplo, durante el Atentado de Berlín de 2016, el agresor se apoderó de un camión luego de usar una pistola para disparar y matar al conductor. Luego, arremetió con el camión robado en un concurrido mercado navideño, lo que resultó en la muerte de 12 personas y otras 49 heridas.
Algunos de los ejemplos en los que terroristas usan armas de fuego para cometer o facilitar la perpetración de delitos son secuestros, tráfico de drogas, de especies silvestres y bienes culturales; atentados contra instituciones financieras o legales y atentados contra personal militar, gubernamental o de organizaciones internacionales. Dado que no se necesitan grandes cantidades de armas de fuego para facilitar o llevar a cabo un atentado, estas se pueden obtener del tráfico a pequeña escala, fabricación artesanal y modificación o reactivación.
La mayor parte de la literatura no apoya la idea de que grupos terroristas estén involucrados en la venta de armas a otros grupos; sino que ellos constituyen más bien la red de compradores de armas, obtenidas con frecuencia de grupos delictivos organizados (como se discute en la Sección 5 de este módulo).
Una situación en particular encontrada, especialmente en los procesos de desarme posconflicto, desmovilización y reintegración, ocurre cuando los programas de dinero por armas o de recompra suelen dar un valor lucrativo a las armas de fuego que estuvieron en posesión de excombatientes, ya sean insurgentes o miembros de un grupo terrorista en particular. Se argumentó que los programas de recompras incentivan al tráfico a pequeña escala y a otros delitos asociados con la carrera por obtener más armas de fuego para luego ser cambiarlas por dinero. Dado a que se corroboró que tenía algunas fallas notables en cuanto al logro de los resultados esperados, los programas de recompra como una buena práctica se convirtieron en un tema de debate, mientras que se recomendó que otras iniciativas, como educación, apoyo al desarrollo o alimentación, sean el reemplazo del dinero utilizado en los programas de desarme, desmovilización y reintegración. (The New Humanitarian, 2011).
En Nigeria y en sus vecinos del norte, Boko Haram (a veces llamado Estado Islámico en África Occidental) ha estado operando desde 2002, aunque hubo un aumento repentino de sus actividades en 2009. Onuoha (2013, párr. 6) reporta que «proveedores de servicios de seguridad han interceptado miles de armas, como granadas propulsadas por cohetes, lanzacohetes, proyectiles antiaéreos y fusiles de asalto AK-47 en varios lugares al noreste de Nigeria. Se reconoce ampliamente que estas armas llegaron a Nigeria desde Libia y Mali».
Además, puede que Boko Haram también obtenga algunas de sus armas de Chad y de miembros simpatizantes del ejército de Nigeria (Windrem, 2014). Aunque con el «comercio hormiga» el intercambio de armas hacia y desde grupos delictivos organizados es prevalente, la captura de armas que se dirigen a Boko Haram revelan que los cargamentos más grandes son lo común en la región. Por ejemplo, miembros de la Multi-National Joint Task Force embargaron «cuatro vans Toyota Hilux, 10 fusiles y municiones AK-47, dos fusiles G3 y bombas de 10 x 4 40mm, tres tubos de granadas impulsadas por cohetes y 85 cartuchos de munición especial» en una redada el 4 de agosto de 2013 (Onuoha, 2013, párr. 7).
UNODC (2011) indica que si bien la era de grandes guerras civiles en África se ha reducido considerablemente, lo que redujo la demanda de armas de fuego/armas cortas y armas ligeras, las armas de fuego que fueron traficadas en ese período siguen circulando a lo largo de la región, lo que significa otra fuente potencial de armas para Boko Haram.
Sendero Luminoso es una organización terrorista que opera principalmente en Perú. Aunque el grupo no tiene tanto poder como antes, sigue operando en Perú desde la década de los ochenta. Según Andean Air Mail and Peruvian Times (2018), es posible que los grupos derivados de Sendero Luminoso se hayan convertido en los protectores de las rutas de tráfico de cocaína y de cargamentos transfronterizos de cocaína hacia Bolivia. Theidon (2013) señala que una de las armas preferidas de Sendero Luminoso fue la tiracha, o armas rudimentarias, lo que plantea un problema de aplicación de la ley distinto al de armas de fuego fabricadas que se trafican al país.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) constituye el grupo rebelde más grande de Colombia y según Encyclopaedia Brittanica, se estima que tiene alrededor de 10 000 soldados armados y miles de simpatizantes en áreas rurales de Colombia. «La tendencia general parece ser que las guerrillas compran sus armas en cantidades pequeñas, la mayoría son de la variedad de tipo militar y de calibre 7.62.Hay indicios, sin embargo, de un cambio en los patrones de compra de las FARC hacia las “compras al por mayor”» (Cragin and Hoffman, 2003, pág. xv). Además, del tráfico de armas de fuego, las FARC obtenían armas hechas por sus propios medios de producción en fábricas ilícitas en Colombia o del extranjero (UNODC, 2006).
En Colombia, los grupos terroristas y los grupos delictivos organizados cooperan estrechamente para controlar el negocio de drogas ilícitas y participan en el tráfico de armas de fuego. En abril de 2018, el Fiscal General de Colombia declaró que el exmiembro de las FARC, combatiente y líder de dicho grupo detractor, Walter Arizala, alias «Guacho»,tenía lazos estrechos con el cártel de drogas mexicano de Sinaloa, cuyos miembros tienen una presencia establecida en el sur de Colombia y se cree que están a cargo del control de la ruta sudeste de drogas desde Colombia (Fitzpatrick, 2018). En octubre de 2018, las autoridades ecuatorianas comenzaron una investigación sobre el robo de armas del suministro militar y su posible venta por miembros de las fuerzas armadas a «El Guacho» en Colombia (Antolinez, 2018).
Los vínculos entre los miembros de la mafia italiana ‘Ndrangheta y grupos del EIIL involucran el tráfico y adquisición de armas de fuego, así como de bienes culturales. Se cree que la mafia italiana vende fusiles y otros tipos de armas a líderes del Estado Islámico en Libia a cambio de tesoros y artefactos arqueológicos. Según el diario italiano La Stampa, «Luego de obtenerlos de Libia, los sospechosos miembros de 'Ndrangheta venden los invaluables artefactos a coleccionistas rusos y asiáticos» (Quirico, 2016, párr. 1). Este artículo expone con más detalle que la misma red calabrés, que domina el tráfico de drogas de Europa, trabaja con la Camorra en Nápoles para comprar fusiles parecidos a los Kalashnikov y lanzagranadas propulsados por cohetes traficadas desde Ucrania y Moldavia por la mafia rusa.
Se revisó que las armas utilizadas en el atentado contra Charlie Hebdo y en la toma de rehenes en Porte de Vincennes, ambos en 2015, se compraron de manera ilícita en Eslovaquia como «desactivadas» para ser usadas como utilería para películas. La desactivación consiste en la modificación de un arma de fuego operativa para prevenir que dispare. Luego, las armas desactivadas pueden ser vendidas como utilería de producciones teatrales y cinematográficas, o a coleccionistas privados, en muchos países europeos con muchas menos restricciones que con armas operativas.
En la toma de rehenes en Porte de Vincennes en 2015, la revista alemana Der Spiegel informó sobre la muerte de Yohan Cohen, un estudiante de 20 años que trabajaba en la tienda donde ocurrió el atentado, a manos del terrorista Amedy Coulibaly quien se radicalizó en prisión. Coulibaly «portaba dos fusiles automáticos Ceska Sa vz.58. Uno era la versión corta que alguna vez había sido modificado para que solo pudiese disparar balas de salva, lo que lo transformó en un objeto ruidoso e inofensivo. Sin embargo, lo habían vuelto a convertir en un arma letal. Coulibaly le disparó a Cohen con esta Ceska, disparos mortales de un arma que ya no debió estar disponible en el mercado libre»(Candea et al., 2016, pág. 1).
El informe de Project SAFTE (2018, págs. 201-211) registra los resultados de la localización de las armas de fuego que se usaron en dichos atentados, y cabe indicar que, a pesar de que se solicitó localizar las 14 armas de fuego, solo se lograron rastrear cinco (los dos fusiles vz.58 y tres de las seis pistolas Tokarev TT-33). Esta falla resalta la importancia de un registro riguroso de las transferencias de armas, como se discutió en el Módulo 3 (El mercado legal de armas de fuego) y en el Módulo 6 (Normas nacionales sobre armas de fuego).
El Estudio de UNODC sobre armas de fuego ha identificado que las armas desactivadas son un desafío particular para la aplicación de la ley, y que son atractivas para los delincuentes y terroristas «por la considerable cantidad de dinero que se puede obtener y por la falta de normas comunes de la Unión Europea (lo que facilitan actividades delictivas)» (UNODC, 2015, pág. 43).
Como estos ejemplos han demostrado, los grupos terroristas pueden obtener armas cortas y armas ligeras al usar varios métodos y rutas, ya sea mediante compras legales de armas desactivadas (y luego su reactivación ilícita), la fabricación de armas hechas a medida o el reciclaje de armas sobrantes de conflictos previos.
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