En 2005, Haji Bagcho fue investigado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos en cooperación con autoridades afganas por haber cometido delitos relacionados con narcóticos en Afganistán. Se creía que él era uno de los padres fundadores del régimen talibán Shura en Kabul. Con ayuda de colaboradores de la justicia, la DEA compró heroína directamente de la organización de Bagcho en dos ocasiones, cargamento que él creía tenía como destino los Estados Unidos. En 2007, agentes especiales de la DEA, apoyados por la Policía Antinarcóticos de Afganistán, llevaron a cabo una redada en las instalaciones de Bagcho localizadas al este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Los libros de contabilidad incautados durante el operativo revelaron que Bagcho había traficado más de 123 000 kilos de heroína valorizados en más de USD 250 millones en 2006. Esto reveló que sus operaciones de tráfico representaban un aproximado del 20 % de la producción mundial total de heroína de ese año. Asimismo, se obtuvo pruebas que demostraban que Bagcho usaba algunos de los ingresos del tráfico de drogas para aportar efectivo, suministros y armas a los líderes talibanes responsables de las actividades del grupo al este de Afganistán.
Se extraditó a Bagcho a los Estados Unidos en junio de 2009 y fue hallado culpable por la distribución de narcóticos y por delitos de naturaleza narcoterrorista, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua en 2012. De acuerdo a la información presentada en su juicio, Bagcho había dirigido su negocio de tráfico de heroína desde la década de 1990, había transportado esta droga a más de 20 países y había usado las ganancias para apoyar a los miembros de nivel superior de los talibanes. Según la administradora de la DEA, Michele Leonhart, él era un «capo de la droga afgano cuyos ingresos financiaban el terror». Bagcho después presentó una moción para entablar un nuevo juicio que resultó en la anulación de su cargo por narcoterrorismo, sin embargo, el tribunal no modificó sus otras dos condenas relacionadas al tráfico de drogas.
En noviembre de 2014, Abdurraouf Eshati fue arrestado junto a 19 personas en la parte trasera de un camión que pretendía ingresar a Francia a través del puerto de Dover en Reino Unido. Fue acusado de intentar traficar armas a Libia para ser usadas por grupos terroristas, en violación de una prohibición establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011.
Específicamente, la función de Eshati era la traducción de documentos para un comerciante de armas que se encontraba en Italia relacionados al tráfico de armas de un almacén localizado en Eslovenia para grupos terroristas en Libia. El teléfono celular de Eshati contenía una copia electrónica de una factura por 1 104 toneladas de armas (que incluían balas para rifles AK-47 y rondas para municiones antiaéreas) valorizadas en USD 28,5 millones para ser enviadas a Tobruk, Libia. Además, contenía la copia de un documento del flete de un avión de carga por el precio de USD 250 000 para transferir armas a Libia.
Eshati fue condenado por recolectar información con fines terroristas con respecto a los dos documentos referenciados anteriormente. Durante el dictado de la sentencia, el juez superior John Bevan QC afirmó que «es evidente que su involucramiento significaba que era considerado una persona de confianza en relación con el suministro de armas a gran escala». Según el Servicio de la Fiscalía de la Corona, el arresto de Eshati hizo que la Policía italiana descubriera un suministro ilegal de armas a gran escala que estaban siendo importadas de Europa Oriental a zonas de conflicto en Libia y otros lugares.
EL EIIS o EIIL se ha convertido en una pieza clave en el tráfico ilícito de antigüedades y bienes culturales. De hecho, se estima que cada año militantes del Estado Islámico de Irak y Siria recaudan entre USD 150 millones y USD 200 millones por el comercio ilícito de antigüedades y bienes culturales robados (Reuters, 2016). El equipo de investigación MANTIS (Modelo de Comercio de Antigüedades en Irak y Siria) de la Universidad de Chicago sostiene que, a pesar de que «todos están de acuerdo en que el Estado Islámico está excavando y vendiendo piezas arqueológicas con fines de lucro, [...] nadie se pone de acuerdo en la cantidad de dinero que en realidad están recibiendo por el comercio ilegal de antigüedades: las cifras varían entre los USD 4 millones y los USD 7 millones» (Rose-Greenland, 2016). Según ciertos estimados, más de un tercio de los 12 000 sitios arqueológicos importantes en Irak ahora están bajo el control del EIIS. En algún momento, la participación del EIIS en el tráfico estaba limitada al cobro de impuestos a las ventas de objetos y de licencias de excavación; sin embargo, informes recientes indican que el grupo terrorista ha comenzado a contratar a sus propios excavadores y a establecer su propia red de contrabandistas e intermediarios.
Aunque una de las motivaciones principales de la participación del EIIS en el tráfico de antigüedades y bienes culturales es el dinero, el grupo también es conocido por la destrucción de objetos que representan la identidad cultural. En 2015, un video de combatientes del EIIS destruyendo antigüedades asirias en el Museo de Mosul escandalizó al mundo. Un análisis del video determinó que la mayoría de los objetos destruidos eran réplicas, pero la intención de destruir era evidente. Este era un acto de iconoclasia; «las acciones se llevaron a cabo bajo la creencia de que ellos (EIIS) debían erradicar el uso de la idolatría, o arte representativo, puesto que está prohibido en la “verdadera” interpretación del islam» (Asfour y Scott, 2015). Asimismo, en 2015, el EIIS destruyó el antiguo templo de Baalshamin en la ciudad de Palmira en Siria, el cual fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuevamente, este acto de destrucción fue un intento de erradicar la identidad cultural de una comunidad en particular.
En un esfuerzo por contrarrestar la destrucción de lugares y objetos culturales por parte del EIIS, la UNESCO estableció la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en las Zonas de Conflicto (ALIPH) en marzo de 2017.
El Convenio del Consejo de Europa sobre delitos relativos a bienes culturales prohíbe el comercio de «antigüedades de sangre». El Convenio específicamente dirige la atención a «los grupos terroristas implicados en la destrucción deliberada del patrimonio cultural y uso del comercio ilícito de bienes culturales como una fuente de financiamiento». A pesar de que los intentos por abordar la participación terrorista en el tráfico y la destrucción de antigüedades y bienes culturales son esenciales para desarrollar una estrategia global exhaustiva para destruir al EIIS, el daño ya está hecho. Como lo explicó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, haciendo referencia a la destrucción masiva de lugares culturales en Alepo, «la destrucción de una de las más grandes y antiguas ciudades del mundo es una tragedia para todos los sirios y toda la humanidad [...] Destruir el patrimonio de Siria es matar a los sirios por segunda vez»
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