Los casos en contra de personas que participan en grupos delictivos organizados usualmente se desarrollan de la siguiente manera: un organismo encargado de hacer cumplir la ley establece una creencia razonable sobre la existencia de actividad ilícita (organizada) en su jurisdicción. Según la jurisdicción, se prepara un informe de inicio del caso y un fiscal o juez de instrucción lo revisa para decidir si es suficiente. Luego, se recopilan más pruebas para determinar si hay suficientes para presentar cargos.
La aplicación de las leyes nacionales en contra de la delincuencia organizada no está estandarizada. Algunas jurisdicciones tienen unidades especializadas de fiscalización para investigar casos de delincuencia organizada únicamente, mientras que otros no tienen unidades de fiscalización definidas en materia de delincuencia organizada. De cualquier modo, debido a que los casos de delincuencia organizada pueden ser complejos y requieren de cierto nivel de especialización, se necesita que los grupos operativos multiinstitucionales se enfoquen en delitos específicos o grupos delictivos organizados preocupantes por delitos como trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida silvestre, falsificación de productos médicos, delitos financieros y ciberdelincuencia.
Las redes profesionales del personal de los organismos encargados de hacer cumplir la ley a menudo intercambian información de manera recíproca. Para que estas redes sean efectivas, primero se necesita establecer confianza. En la práctica, esta cooperación se debilita a veces debido a agendas nacionales enfrentadas, una comunicación e intercambio de información limitados y la desconfianza, además de las capacidades diferentes entre los países. Por supuesto, se necesitan leyes compatibles para brindar una base a los esfuerzos internacionales de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La plena adhesión a la Convención contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos facilita estos esfuerzos de aplicación de la ley, que brindan la base legal para la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En este contexto, los artículos 27 y 28 de la Convención contra la Delincuencia Organizada tienen una relevancia particular.
Los problemas prácticos de la cooperación investigativa a nivel internacional son significativos. Muchos países tienen varios organismos con autoridad para aplicar la ley (p. ej., la Policía nacional, los servicios de aduanas, los organismos especializados en delincuencia organizada), por lo que la comunicación y las cuestionas jurisdiccionales son consideraciones esenciales. También hay problemas logísticos con la tecnología de información dispar, las barreras del lenguaje, el acceso diferencial a recursos y equipo especializado y los procedimientos para obtener aprobación para el acceso a información y el uso de técnicas especiales de investigación.
A pesar de estos obstáculos, los países reconocen que la amenaza de la actividad delictiva organizada transnacional los obliga a ser más interdependientes porque no hay otra manera de construir los casos en contra de delincuentes que se comunican, se organizan y mueven personas, bienes, servicios y utilidades ilícitos a través de las fronteras.
De allí que los organismos encargados de hacer cumplir la ley de distintos países han expandido el alcance de sus actividades en el extranjero. Los funcionarios de enlace de los organismos encargados de hacer cumplir la ley asignados a otros países a menudo se afilian con la embajada del país al que representan o con una unidad de investigación o equipo de trabajo. Los funcionarios de enlace usualmente son responsables de establecer un canal de comunicación entre su organismo y su contraparte en un país extranjero, y actúan como el «punto de contacto humano» entre las diferentes organizaciones.
La INTERPOL es la institución de cooperación policial internacional más grande y dedica esfuerzos considerables contra la delincuencia organizada transnacional.
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La mayor organización policial internacional del mundo: INTERPOL La INTERPOL es, con 192 Estados miembro, la mayor organización policial internacional del mundo. Su objetivo es permitir que la Policía de todas partes del mundo trabaje en conjunto para hacer del mundo un lugar más seguro. A fin de cumplir con sus actividades transfronterizas de manera efectiva, la INTERPOL funciona de conformidad con la ley internacional. Las Naciones Unidas la reconoce como una organización internacional y, en 1996, las Asamblea General de las Naciones Unidas concedió a la INTERPOL la condición de observador. Contrario a lo que algunos puedan pensar, la INTERPOL no es un organismo policial supranacional con facultades de investigación y tampoco envía oficiales a los países para arrestar a algunas personas. La Policía nacional en los Estados miembro realiza todas las investigaciones y los arrestos de acuerdo a las leyes nacionales. Cada Estado miembro tiene una Oficina Central Nacional de INTERPOL que actúa como punto de contacto designado y cuyo personal está compuesto por miembros de las fuerzas del orden. En particular, el estatuto de la organización especifica que la cooperación policial internacional se debe conducir dentro del espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este compromiso con los derechos humanos se expresa, por ejemplo, a través de la cooperación de la Organización con las cortes y tribunales internacionales y por medio del tratamiento cuidadoso de datos personales. De una manera similar, se han establecido directrices claras sobre la neutralidad que prohíbe que la INTERPOL emprenda cualquier actividad de índole política, militar, religiosa o racial. El intercambio de información policial es el eje del mandato de la INTERPOL. La organización maneja canales seguros de comunicación que conectan las Oficinas Centrales Nacionales en todos los Estados miembro con otros órganos policiales y socios autorizados, y que ofrecen acceso a una variedad de bases de datos penales. La INTERPOL ofrece a sus Estados miembro un sistema de intercambio de información, el «sistema de avisos», que las autoridades competentes utilizan para comunicar información sobre delitos, delincuentes y amenazas. La información que se disemina por medio de este sistema es referente a individuos buscados por delitos graves, personas desaparecidas, cuerpos no identificados, posibles amenazas, escapes de prisión y al modus operandi de los delincuentes (INTERPOL, 2018). La figura a continuación muestra el tipo de aviso que la Secretaría General de la INTERPOL puede emitir a pedido de las Oficinas Centrales Nacionales:
Se puede acceder a la lista actual de personas buscadas (notificaciones rojas) aquí;Se puede acceder a la lista actual de personas desaparecidas (notificaciones amarillas) aquí. |
Además de la INTERPOL, hay organizaciones regionales con una estructura y mandato muy similares a esta. La Europol es el organismo encargado de hacer cumplir la ley en la Unión Europea; se encarga de la inteligencia criminal y lucha contra la delincuencia organizada. Su misión es apoyar a los Estados miembro a prevenir y luchar contra cualquier forma de delincuencia organizada y terrorismo internacional grave. La ASEANAPOL, la AFRIPOL y la AMERIPOL son organizaciones similares encargadas de hacer cumplir la ley en Asia, África y las Américas, respectivamente, y están diseñadas para promover y realizar investigaciones sobre delitos que cruzan las fronteras nacionales.
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