Admisibilidad de las pruebas

HECHOS

El 17 de septiembre de 2012, los Servicios de Salvamento Marítimo de Cartagena (España) detectaron una pequeña embarcación no apta para navegar frente a las costas de la ciudad. La Guardia Costera rescató el barco, a bordo del cual, además de los acusados, se encontró a 14 migrantes argelinos. La embarcación había partido el día anterior de la playa de Bouski Sidi Lakhdar, en la costa de Mostaganem (Argelia), en dirección a España. Los acusados manejaban la embarcación. Cada uno de los migrantes pagó aprox. 6,000,000 de dinares por el viaje. Se determinó que los acusados organizaron incursiones de tráfico de migrantes durante varios años para obtener la entrada ilegal de ciudadanos argelinos a España por mar, con el propósito de obtener un beneficio financiero o de otro tipo. Al decidir sobre el caso, el tribunal de primera instancia consideró, entre otras cosas, las declaraciones que dieron los migrantes objeto de tráfico durante la fase preliminar del juicio.

Los acusados fueron condenados. La defensa apeló, argumentando, entre otras cosas, la inadmisibilidad de las declaracionesde un testigo protegido que no compareció a las sesiones del tribunal. Sostuvo que no se habían agotado todos los medios para garantizar la presencia del testigo en el tribunal o sus declaraciones por videoconferencia. El Tribunal Supremo descartó la apelación.

RAZONAMIENTO

HECHOS

Desde el 31 de julio de 2000 hasta diciembre de 2000, los acusados voluntariamente, y a sabiendas, con el propósito de obtener un beneficio financiero o de otro tipo, conspiraron para cometer varios delitos, entre ellos contratar a migrantes irregulares, entregar documentos migratorios falsos, llenar formularios migratorios falsos y declarar ante el Departamento del Trabajo de Nebraska (Estados Unidos) que los números de seguridad social falsos proporcionados por los migrantes irregulares eran auténticos. Los acusados además reclutaron y proporcionaron transporte a los migrantes. La conducta de dos informantes confidenciales y un agente encubierto del Servicio de inmigración y naturalización (INS) antes del 5 de diciembre de 2000, proveyó la base fáctica de los hechos. El 5 de diciembre de 2000, el INS ejecutó órdenes de cateo y realizó una redada en la empresa donde trabajaban los migrantes. El INS encontró y detuvo a más de 200 migrantes irregulares. El número exacto de extranjeros no está claro porque los registros del gobierno no fueron detallados. Aparentemente, como al gobierno le costaba más de 11,000 US al día retener a los migrantes, el 6 y 7 de diciembre de 2000 aproximadamente 152 migrantes fueron retirados de los Estados Unidos. Otros 19 migrantes fueron detenidos y enviados a Dallas, Texas (EE. UU.) para comparecer ante jueces de inmigración. Otros -30 -, según cálculos del INS - fueron liberados sin fianza. De los liberados sin fianza, al menos 11 se convirtieron en fugitivos. En última instancia, el INS admitió que al menos 181 migrantes fueron deportados o fueron devueltos voluntariamente. El paradero de los demás es desconocido para el INS.

Algunos de los acusados presentaron peticiones para desestimar la acusación debido a la pérdida de pruebas materiales y favorables. El juez emitió una orden que impedía al gobierno usar en el juicio cualquier evidencia con respecto a los cientos de migrantes irregulares que fueron expulsados del país. La fiscalía apeló contra esta orden. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nebraska concedió las peticiones de los acusados, desestimando las acusaciones.

RAZONAMIENTO

El Tribunal determinó, entre otras cosas, que la garantía del proceso obligatorio prevista en la Sexta Enmienda y la garantía del debido proceso prevista en la Quinta Enmienda prohíbe al gobierno capturar a migrantes irregulares y expulsarlos del país cuando el resultado de esa acción es negar a los acusados delincuentes el testimonio favorable y material de los extranjeros ausentes (Estados Unidos v. Valenzuela-Bernal, 1982). Notablemente, " cuando un testigo ha sido deportadoantes de un juicio penal, el acusado puede demostrar la denegación del debido proceso obligatorio que exige la desestimación de la acusación si él o ella demuestra fehacientemente que el testimonio de los testigos deportados habría sido material y favorable para su defensa, de manera no meramente acumulativa al testimonio de los testigos disponibles. (…)