La remisión de actuaciones en materia penal de un país a otro tiene lugar para aumentar las probabilidades de un enjuiciamiento exitoso. No es inusual que los delitos cometidos y las víctimas se encuentren en varios países, que se lave el producto de la actividad delictiva en los sistemas financieros de múltiples países y que los miembros de la organización delictiva operen o incluso vivan en otro país. En dichos casos, es más práctico, eficiente y justo para todas las partes involucradas, incluyendo a los delincuentes y las victimas, consolidar el caso en un solo lugar. La remisión de actuaciones judiciales es una herramienta importante que facilita la administración de justicia y, en algunos casos, puede ser la única manera de seguir con una acusación.
Las circunstancias usualmente involucran a un país que se encuentra en una mejor posición para realizar dichas actuaciones, o la remisión incrementará la eficiencia y efectividad de la fiscalía en el país que inicia la actuación judicial en lugar de la extradición. A veces, esto ocurre en casos que involucran a muchas jurisdicciones en los que se llega al acuerdo de que remitir la actuación judicial del caso a un lugar concentrará los esfuerzos y recursos de la fiscalía para, de este modo, incrementar la eficiencia y las probabilidades de éxito.
Los problemas que surgen con respecto a las remisiones de las actuaciones judiciales están relacionados a si las legislaciones nacionales permiten su remisión a una jurisdicción extranjera o no y, de sí permitirlo, qué restricciones se impondrían a dichas remisiones. Asimismo, las obligaciones por tratados existentes y la naturaleza y notoriedad del caso involucrado desempeñan un papel importante en la toma de decisiones con respecto a la remisión de actuaciones judiciales (para más información, consulte el documento informativo preparado por la Secretaría de UNODC en 2017).
Desde un punto de vista práctico, se pueden necesitar dos pasos para remitir el ejercicio de la acción penal a otro Estado de manera efectiva. Primero, los dos países tendrían que compartir y remitir información y elementos de prueba. El apartado 5 del artículo 15 de la Convención establece que, cuando dos Estados están involucrados en la investigación, enjuiciamiento o actuaciones judiciales con respecto a la misma conducta, según corresponda, deben consultar el uno con el otro con miras a realizar acciones coordinadas. Segundo, si el asunto ya ha llegado a los tribunales en un país, será necesario «detener» o suspender el enjuiciamiento mientras se espera la resolución del otro país.
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Herramientas de asistencia técnica para la remisión de actuaciones judiciales de la UNODC La UNODC ha elaborado un Tratado Modelo sobre la Remisión del Proceso en Materia Penal que puede ser instructivo para los Estados Parte interesados en negociar y firmar tratados bilaterales o multilaterales orientados a mejorar la cooperación en materia de prevención del delito y justicia penal. |
La Convención contra la Delincuencia Organizada aborda la remisión de actuaciones judiciales en el artículo 21.
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Artículo 21. Remisión de actuaciones judiciales Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso. |
La disposición no es obligatoria, lo que significa que los Estados Parte no están obligados a implementarlo, sin embargo, están obligados a considerar la posibilidad. No obstante, la existencia de dicha disposición contribuye a mayores posibilidades para la cooperación internacional de combatir la delincuencia organizada internacional.
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