Existen dos aspectos clave en cuanto a los marcos legales que rigen los derechos y el tratamiento de las víctimas del terrorismo. Uno se refiere a las obligaciones de los Estados y a los derechos que acompañan a las víctimas existentes en la legislación sobre derechos humanos para la provisión de un recurso efectivo cuando pueda existir alguna falta por parte del Estado, como la falta de diligencia debida para proteger adecuadamente a sus ciudadanos en respuesta a un riesgo conocido. El otro se refiere a los recursos que existen en virtud del derecho penal nacional e internacional, ya sea que se basen en instrumentos específicos sobre el terrorismo o en instrumentos más generales como los que rigen las violaciones graves de los derechos humanos, como los crímenes contra la humanidad.
Una de las cuestiones más esenciales, que constituye un tema general, es el rol distinto que tiene el Estado. Con respecto a las víctimas de ataques terroristas, el enfoque radica en la persecución de los actores terroristas no estatales. Aunque el Estado también puede ser perseguido por cualquier falla de su parte, como se ha mencionado anteriormente, suele desempeñar un papel de buena fe, por ejemplo, facilitando el acceso a los procedimientos judiciales para que las víctimas obtengan los recursos adecuados, como la indemnización. Asimismo, de manera alternativa, el Estado puede establecer un plan estatal dedicado que sea financiado total o parcialmente para brindar apoyo a las víctimas de ataques terroristas.
Entre los derechos humanos de las víctimas y los testigos que están en juego se encuentran los derechos a la vida, la seguridad, la integridad física y mental, el respeto a la vida privada y familiar y la protección de la dignidad y la reputación.
Actualmente, la discusión se orienta hacia la consideración, por otra parte, de los marcos regionales de derechos humanos y de justicia penal aplicables.
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