La extorsión consiste en obtener la propiedad de otro mediante el uso indebido de la fuerza real o las amenazas, la violencia o el miedo. Dicha extorsión coercitiva es sinónimo del término chantaje, que es un término más antiguo utilizado para indicar extorsión. Las jurisdicciones de derecho anglosajón también se refieren a un segundo tipo de extorsión, la extorsión «al amparo del cargo» o «al amparo del derecho oficial», que consiste en la apropiación ilícita por parte de un funcionario público de dinero o bienes que no le corresponden.
El acto necesario para la extorsión es la amenaza de daños futuros. Prácticamente todas las leyes sobre extorsión requieren que se amenace a la persona o a la propiedad de la víctima. La naturaleza de la amenaza de daño varía según la jurisdicción y puede incluir daño corporal, daño a la propiedad, daño a la reputación, acusaciones delictivas o abuso de un cargo público. La amenaza extorsiva requerida debe ser lo suficientemente seria como para causar temor a una persona razonable. No se exige la obtención real del dinero o bienes para cometer el delito.
En muchas jurisdicciones, la intención de tomar dinero o bienes a los que no se tiene derecho legalmente tiene que existir en el momento de la amenaza para poder establecer la extorsión. En otras palabras, basta con hacer la amenaza y no se requiere la obtención real del dinero o bienes para cometer el delito.
La extorsión es diferente del delito de robo: en el robo, se toma la propiedad en contra de la voluntad y sin el consentimiento de la víctima, mientras que en la extorsión la víctima consiente, aunque sin querer, en entregar el dinero o los bienes. Otro factor distintivo es que la naturaleza de la amenaza de robo se limita a un daño físico inmediato a la víctima. La extorsión, por otro lado, abarca una mayor variedad de amenazas relacionadas con un daño futuro (Neumann y Elsenbroich, 2017).
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