ChiliLa masificación en el uso de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), junto con servir al desarrollo del país, conlleva riesgos que pueden afectar los derechos de las personas, la seguridad pública, las infraestructuras críticas, el gobierno digital, los intereses esenciales y la seguridad exterior de Chile.
Estos riesgos pueden provenir de múltiples fuentes y se pueden manifestar mediante actividades de espionaje, sabotaje, fraudes o ciberataques realizados por otros países, por grupos organizados o por particulares, entre otros.
A nivel internacional existe un importante desarrollo en la gestión de riesgos asociados al uso de las TIC. Al año 2015, más de 40 países contaban con una estrategia o política de ciberseguridad1, algunos de los cuales ya están trabajando en su segunda o tercera versión. A la vez, es posible constatar la considerable evolución doctrinaria, técnica y normativa en los más diversos organismos y foros internacionales.
A nivel nacional, el desafío es contar con una política que oriente la acción del país en materia de ciberseguridad, junto con implementar y poner en marcha las medidas que sean necesarias para proteger la seguridad de los usuarios del ciberespacio, considerando estrategias educativas orientadas al autocuidado y prevención en ambiente digital, cumpliendo además con el programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que propone “desarrollar una estrategia de seguridad digital que proteja a los usuarios privados y públicos”.
El presente documento contiene los lineamientos políticos del Estado de Chile en materia de ciberseguridad, con una mirada que apunta al año 20223, para alcanzar el objetivo de contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente.
