La Política Nacional contra el Crimen Organizado 2022-2027 es la primera política en Chile en esta materia.

El avance de la criminalidad organizada en el país exige nuevas estrategias y coordinación interinstitucional para enfrentar los desafíos y amenazas que esta conlleva. Por tanto, esta política representa una respuesta coordinada del Estado para prevenir, neutralizar y perseguir el crimen organizado en Chile.

El crimen organizado es un conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar. Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización.

Algunos de los mercados criminales más comunes y lucrativos son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen y delitos medioambientales tales como el robo de cobre y de madera. El crimen organizado penetra en todas las esferas, promueve la corrupción y la violencia y tiene un fuerte impacto en la economía, en la estabilidad democrática y en la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Uno de los indicadores más alarmantes de la expansión del crimen organizado en nuestro país es el incremento en la tasa de homicidios, principalmente los cometidos con armas de fuego. En los últimos cinco años, han aumentado un 40% y el promedio mensual actual en Chile es de 74 casos, lo que evidencia una situación crítica a nivel país. Además, estamos frente a un cambio en el contexto de ocurrencia de estos delitos, pues han aumentado los aquellos con un imputado desconocido. Dicha tendencia es relevante en cuanto a que la no identificación de los perpetradores, se asocia a la debilidad de las instituciones relacionadas con la procuración y administración de la justicia, así como con el perfeccionamiento de los autores que cuentan con planes premeditados para no ser identificados.

En esta misma línea, el Informe Estadístico de los Homicidios en Chile, elaborado por el Ministerio Público, indica que entre los años 2016 y 2020, es particularmente relevante el aumento del uso de arma de fuego en la comisión de estos delitos. A su vez, en los homicidios calificados en contexto de grupo organizados o pandillas, ocho de cada diez víctimas fallecieron a consecuencia del uso de un arma de fuego. Es decir, el tráfico de armas y municiones es un medio fundamental para la proliferación del crimen organizado. Su presencia tiene un rol clave en el ejercicio de la violencia, imbricándose con otros delitos, aumentado los homicidios y los niveles de violencia.

Otra característica relevante del crimen organizado en Chile, es que este no tiene una distribución territorial homogénea, sino más bien es sectorial dependiendo de características geográficas, climáticas y oportunidades económicas que favorecen uno u otro mercado criminal. A su vez, las organizaciones criminales se orientan a las actividades que posean menos riesgo y entreguen mayores beneficios, y puede estar abocada a la comisión de un delito en particular o muchos de ellos.

Un indicador del crimen organizado que refleja el nivel de criticidad que este puede adquirir, dice relación con los actores involucrados en la comisión de los ilícitos asociados. Respecto a ello, el Observatorio del Narcotráfico reconoce una tendencia de instalación permanente en Chile de organizaciones criminales superiores de origen extranjero. Además, el informe de Chile del Índice Global de Crimen Organizado, afirma la coaptación de funcionarios estatales en el tráfico de armas y drogas a nivel local, así como en fronteras, donde se facilitan mercados criminales como el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de migrantes a través de la protección o la falta de control, e inclusive de corrupción en recintos penitenciarios, quienes han sufrido la permeabilidad del crimen organizado.

A pesar de la rápida mutación del crimen organizado y de las técnicas que utilizan sus organizaciones, los presupuestos de las distintas políticas públicas que se han implementado para enfrentar el crimen organizado no han variado de manera significativa, pese a que han tenido focos y estrategias distintas. De cualquier forma, el crimen organizado actualmente es una de las principales amenazas que enfrenta nuestro país y el esfuerzo gubernamental para enfrentarlo debe reflejarlo.

En este contexto, el objetivo de esta Política Nacional es disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado que tienen un rol en la prevención, control y persecución de estas. Con este objetivo, se deben aunar las estrategias para desarticular a las organizaciones criminales y debilitar su poder económico. Asimismo, es necesario implementar medidas para combatir los delitos que cometen, como el tráfico ilícito de armas, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el contrabando y el cibercrimen. También, se deben ejecutar acciones para abordar la criminalidad organizada específica en los territorios, como el robo de madera y de cobre y, a su vez, consolidar un ecosistema de seguridad pública que evidencie la unidad de acción del Estado en estas materias.